Actualidades Quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo el Título III de la Ley PROMESA

La reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) avanza hacia una fase decisiva tras ocho años de litigios bajo el Título III de la Ley PROMESA. El Quinto Plan de Ajuste Enmendado, radicado el 31 de marzo de 2025, recorta las reclamaciones de más de diez mil millones de dólares a unos dos mil seiscientos millones—una reducción cercana al ochenta por ciento—y elimina el controvertido “cargo heredado” al tiempo que crea un fondo para amortiguar futuros aumentos tarifarios. Aunque el respaldo de acreedores representa alrededor del cuarenta y cuatro por ciento de la deuda, el plan necesita la confirmación de la jueza federal Laura Taylor Swain, que fijó un calendario procesal y amplió la mediación con la esperanza de lograr un pacto más amplio antes de la vista de confirmación prevista para la segunda mitad de 2025.

En el trasfondo geopolítico, la reestructuración eléctrica de Puerto Rico cobra relevancia estratégica para la seguridad energética estadounidense en el Caribe. La isla, punto de apoyo logístico entre el Atlántico y el Canal de Panamá, requiere un sistema eléctrico resiliente para sostener su papel en el perímetro de defensa de Estados Unidos y para frenar la creciente injerencia de competidores globales que podrían ofertar financiamiento atractivo a cambio de influencia sobre infraestructuras críticas. Un acuerdo final robusto, supervisado por la Junta de Supervisión Fiscal, enviaría al mercado la señal de que la jurisdicción puede cerrar procesos de quiebra de manera ordenada, reforzando la confianza de inversionistas norteamericanos en proyectos de energía renovable, microrredes y almacenamiento que están llamados a reemplazar la infraestructura fósil obsoleta.

Sin embargo, varios factores mantienen la incertidumbre: la oposición de bonistas minoritarios y aseguradoras que buscan recuperar el valor nominal completo de sus bonos, la necesidad de evitar que las tarifas eléctricas se disparen—pues cualquier aumento brusco lastraría la competitividad industrial y la estabilidad social—y la obligación de garantizar que los nuevos bonos propuestos tengan mecanismos de pago viables sin recaer excesivamente en el erario público. El Negociado de Energía de Puerto Rico deberá validar cualquier cargo de transición, mientras los sindicatos exigen salvaguardias para el personal de la AEE y LUMA Energy, operador privado de la red, negocia las inversiones necesarias para cumplir con los estándares de resiliencia federal.

Si el tribunal confirma el plan y la mayoría de los acreedores se adhiere, la AEE podría salir de la quiebra antes de que termine 2025. Ello liberaría a la economía puertorriqueña de un lastre financiero histórico, mejoraría la calificación crediticia del gobierno central y permitiría canalizar fondos federales de reconstrucción sin el riesgo de que se consuman en servicio de deuda. Desde el ángulo geopolítico, significaría afianzar el control estadounidense sobre una infraestructura energética que resulta clave para la proyección militar en la región, limitar ofertas de financiamiento extranjeras con condiciones políticas implícitas y respaldar la transición hacia un sistema eléctrico más limpio que reduzca la dependencia de combustible importado. En suma, los avances recientes apuntan a un desenlace que definiría la relación fiscal y estratégica entre Puerto Rico y Estados Unidos durante la próxima década, pero su éxito aún depende de la capacidad de las partes para equilibrar intereses financieros, estabilidad tarifaria y soberanía energética.