La reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) avanza hacia una fase decisiva tras ocho años de litigios bajo el Título III de la Ley PROMESA. El Quinto Plan de Ajuste Enmendado, radicado el 31 de marzo de 2025, recorta las reclamaciones de más de diez mil millones de dólares a unos dos mil seiscientos millones—una reducción cercana al ochenta por ciento—y elimina el controvertido “cargo heredado” al tiempo que crea un fondo para amortiguar futuros aumentos tarifarios. Aunque el respaldo de acreedores representa alrededor del cuarenta y cuatro por ciento de la deuda, el plan necesita la confirmación de la jueza federal Laura Taylor Swain, que fijó un calendario procesal y amplió la mediación con la esperanza de lograr un pacto más amplio antes de la vista de confirmación prevista para la segunda mitad de 2025.

En el trasfondo geopolítico, la reestructuración eléctrica de Puerto Rico cobra relevancia estratégica para la seguridad energética estadounidense en el Caribe. La isla, punto de apoyo logístico entre el Atlántico y el Canal de Panamá, requiere un sistema eléctrico resiliente para sostener su papel en el perímetro de defensa de Estados Unidos y para frenar la creciente injerencia de competidores globales que podrían ofertar financiamiento atractivo a cambio de influencia sobre infraestructuras críticas. Un acuerdo final robusto, supervisado por la Junta de Supervisión Fiscal, enviaría al mercado la señal de que la jurisdicción puede cerrar procesos de quiebra de manera ordenada, reforzando la confianza de inversionistas norteamericanos en proyectos de energía renovable, microrredes y almacenamiento que están llamados a reemplazar la infraestructura fósil obsoleta.

Sin embargo, varios factores mantienen la incertidumbre: la oposición de bonistas minoritarios y aseguradoras que buscan recuperar el valor nominal completo de sus bonos, la necesidad de evitar que las tarifas eléctricas se disparen—pues cualquier aumento brusco lastraría la competitividad industrial y la estabilidad social—y la obligación de garantizar que los nuevos bonos propuestos tengan mecanismos de pago viables sin recaer excesivamente en el erario público. El Negociado de Energía de Puerto Rico deberá validar cualquier cargo de transición, mientras los sindicatos exigen salvaguardias para el personal de la AEE y LUMA Energy, operador privado de la red, negocia las inversiones necesarias para cumplir con los estándares de resiliencia federal.

Si el tribunal confirma el plan y la mayoría de los acreedores se adhiere, la AEE podría salir de la quiebra antes de que termine 2025. Ello liberaría a la economía puertorriqueña de un lastre financiero histórico, mejoraría la calificación crediticia del gobierno central y permitiría canalizar fondos federales de reconstrucción sin el riesgo de que se consuman en servicio de deuda. Desde el ángulo geopolítico, significaría afianzar el control estadounidense sobre una infraestructura energética que resulta clave para la proyección militar en la región, limitar ofertas de financiamiento extranjeras con condiciones políticas implícitas y respaldar la transición hacia un sistema eléctrico más limpio que reduzca la dependencia de combustible importado. En suma, los avances recientes apuntan a un desenlace que definiría la relación fiscal y estratégica entre Puerto Rico y Estados Unidos durante la próxima década, pero su éxito aún depende de la capacidad de las partes para equilibrar intereses financieros, estabilidad tarifaria y soberanía energética.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha sido uno de los conflictos económicos más significativos del siglo XXI. Más allá de los aranceles y restricciones comerciales, este enfrentamiento refleja una lucha por el dominio global en sectores estratégicos como la tecnología, la manufactura y las finanzas. Desde una perspectiva geopolítica, sus efectos no se limitan a ambas potencias, sino que se extienden a todo el mundo, incluyendo a Puerto Rico, cuya economía depende en gran medida del comercio exterior y de su relación con EE.UU.

Orígenes y Desarrollo de la Guerra Comercial

El conflicto comenzó en 2018 cuando la administración Trump impuso aranceles sobre bienes chinos por valor de miles de millones de dólares, alegando prácticas comerciales desleales y robo de propiedad intelectual. China respondió con medidas similares, desencadenando una serie de represalias comerciales. Aunque la administración Biden ha mantenido gran parte de estas políticas, la disputa ha evolucionado hacia una competencia tecnológica y de acceso a recursos críticos, como los semiconductores y las tierras raras.

Además de los aranceles y restricciones comerciales, una de las ofensivas de Trump en esta guerra comercial fue la lucha por reducir la influencia de China sobre el Canal de Panamá. La presencia de empresas chinas en la administración de puertos clave en la región preocupaba a Washington, ya que representaba una amenaza estratégica para el comercio y la seguridad en el hemisferio occidental.

Impacto en la Economía Global

La guerra comercial ha generado disrupciones en las cadenas de suministro, aumentando los costos de producción y creando incertidumbre en los mercados internacionales. Países con economías dependientes del comercio con China o EE.UU. han tenido que ajustar sus estrategias para mitigar los efectos de los aranceles y restricciones.

Además, la competencia en sectores tecnológicos ha intensificado la fragmentación de la economía digital global. Empresas estadounidenses y chinas han diversificado sus proveedores y mercados, lo que ha llevado a una reconfiguración de las rutas comerciales y de inversión.

Puerto Rico en el Tablero Geopolítico

Puerto Rico, como territorio estadounidense con una economía altamente integrada a la de EE.UU., ha sentido los efectos de esta guerra comercial de varias maneras:

1. Industria Farmacéutica y Manufacturera: Muchas empresas en la isla dependen de materias primas y componentes de China. Los aranceles han incrementado costos y generado retrasos en la producción.
2. Turismo y Comercio: La volatilidad económica y la disminución de poder adquisitivo en mercados clave afectan el flujo de turistas y las exportaciones de la isla.
3. Dependencia Tecnológica: La restricción de componentes chinos, como los semiconductores, impacta a la industria tecnológica y de telecomunicaciones en Puerto Rico, limitando el acceso a productos esenciales.

Escenarios Futuros y Estrategias de Adaptación

A medida que la guerra comercial se transforma en una competencia estratégica a largo plazo, Puerto Rico y el mundo deben prepararse para un entorno económico más fragmentado. Algunas estrategias clave incluyen:

• Diversificación de Socios Comerciales: Explorar acuerdos con otros países para reducir la dependencia de China y EE.UU.
• Incentivos para la Producción Local: Fortalecer la manufactura local y la investigación en sectores estratégicos como la biotecnología y la energía renovable.
• Alianzas Tecnológicas: Fomentar la cooperación con economías emergentes en el desarrollo de nuevas tecnologías para reducir la vulnerabilidad a sanciones y restricciones.

La guerra comercial entre EE.UU. y China es más que un conflicto económico; es una disputa geopolítica que redefine el orden global. Para Puerto Rico, este enfrentamiento representa tanto desafíos como oportunidades. Adaptarse a este nuevo escenario con políticas estratégicas y una visión a largo plazo será clave para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico de la isla en un mundo cada vez más fragmentado.