PROMESA Cumple Diez Años: Puerto Rico Continúa Bajo Tutela Fiscal Desdemiescritoriopr.com

La deuda pública se redujo, pero la quiebra no ha terminado, el desarrollo económico prometido continúa pendiente y la Junta de Supervisión Fiscal parece haberse convertido en una institución permanente.

Por Desde Mi Escritorio

El 30 de junio de 2026 se cumplieron diez años de la aprobación de la Ley PROMESA, legislación federal que creó la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y estableció un proceso especial para reestructurar la deuda pública.

PROMESA fue presentada como una respuesta extraordinaria y temporal ante una emergencia fiscal. Su propósito era reducir una deuda impagable, recuperar la disciplina presupuestaria, devolverle a Puerto Rico el acceso a los mercados financieros y crear las condiciones necesarias para el crecimiento económico.

Diez años después, parte de la deuda fue reestructurada, pero la quiebra no ha terminado. La Autoridad de Energía Eléctrica continúa en litigio, la Junta permanece controlando las finanzas públicas y Puerto Rico sigue sin conocer cuándo terminará finalmente la supervisión federal.

La gran pregunta ya no es solamente qué logró PROMESA, sino si la estructura creada por la ley tiene verdaderos incentivos para desaparecer.

La crisis que dio origen a PROMESA

La Ley PROMESA —Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act— fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Barack Obama el 30 de junio de 2016, durante la gobernación de Alejandro García Padilla.

Un año antes, García Padilla había reconocido públicamente que la deuda de Puerto Rico era impagable. Para ese momento, el Gobierno y sus corporaciones públicas acumulaban más de $70,000 millones en deuda, además de aproximadamente $50,000 a $55,000 millones en obligaciones de pensiones sin financiar.

Puerto Rico también había perdido acceso efectivo a los mercados financieros. Las casas acreditadoras habían degradado sus bonos y el Gobierno comenzaba a incumplir sus obligaciones.

A diferencia de los municipios estadounidenses, Puerto Rico no podía utilizar el Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras para reorganizar las deudas de sus instrumentalidades. Tampoco existía un mecanismo que permitiera atender de manera ordenada las reclamaciones de miles de bonistas y acreedores.

Ante la posibilidad de un colapso fiscal acompañado de múltiples demandas, la administración Obama y el Congreso impulsaron PROMESA.

La ley creó dos herramientas fundamentales. La primera fue un proceso de reestructuración parecido a una quiebra bajo el Título III. La segunda fue la Junta de Supervisión Fiscal, con amplios poderes sobre presupuestos, planes fiscales, contratos y legislación.

Puerto Rico recibió una vía para reducir su deuda, pero a cambio quedó sometido a una nueva estructura de control federal.

Las causas de la crisis

La crisis no fue provocada por una sola administración ni por un único partido. Fue el resultado de décadas de malas decisiones financieras, debilidad económica y limitaciones relacionadas con la condición territorial de Puerto Rico.

Durante años, el Gobierno gastó más de lo que recibía. En lugar de corregir los déficits, recurrió repetidamente a préstamos, emisiones de bonos y refinanciamientos.

Parte de la deuda nueva se utilizó para pagar obligaciones anteriores o cubrir gastos operacionales. De esa forma, el financiamiento dejó de ser una herramienta para construir infraestructura y se convirtió en un mecanismo para mantener funcionando un Gobierno que vivía por encima de sus recursos.

Las corporaciones públicas también acumularon deudas enormes sin modernizar adecuadamente sus sistemas. La Autoridad de Energía Eléctrica es el ejemplo más evidente: tomó miles de millones prestados, pero llegó a la quiebra con plantas envejecidas, infraestructura frágil y una dependencia excesiva de combustibles fósiles.

A esto se sumaron:

Las obligaciones de pensiones acumuladas sin financiamiento suficiente.
Los retrasos continuos en la preparación de estados financieros auditados.
La falta de controles presupuestarios confiables.
La recesión económica iniciada en 2006.
La reducción de la población y de la base contributiva.
La eliminación gradual de la Sección 936 y el debilitamiento de parte de la actividad industrial.
La facilidad para vender bonos con exención contributiva triple.
La incapacidad de Puerto Rico para utilizar las mismas herramientas de quiebra disponibles para otras jurisdicciones estadounidenses.

PROMESA no creó la crisis. La crisis fue creada por décadas de decisiones locales y federales. Sin embargo, PROMESA determinó quién tendría el poder para manejar sus consecuencias.

Lo que PROMESA sí logró

Sería incorrecto afirmar que la Junta no consiguió nada. Su principal logro fue proporcionar un mecanismo jurídico para evitar una batalla desorganizada entre Puerto Rico y sus acreedores.

Según la Oficina de Contraloría del Gobierno de Estados Unidos, para agosto de 2024 se habían reestructurado aproximadamente $64,700 millones en deuda. Esa cantidad quedó reducida inicialmente a unos $28,200 millones y, para marzo de 2025, el balance se estimaba en aproximadamente $24,100 millones.

La Junta sostiene que el proceso redujo el servicio anual de la deuda de alrededor de $4,200 millones a aproximadamente $1,150 millones.

Entre las reestructuraciones completadas se encuentran las correspondientes al Gobierno central, COFINA, el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Carreteras y Transportación y otras instrumentalidades.

El plan de ajuste del Gobierno central fue confirmado en 2022. Esto redujo considerablemente las reclamaciones contra el Gobierno y evitó que una proporción insostenible del presupuesto tuviera que dedicarse al pago de deuda.

PROMESA, por tanto, cumplió parcialmente su función financiera: redujo la deuda y evitó un colapso judicial desordenado.

El problema es que reestructurar deuda no es lo mismo que transformar una economía.

La quiebra que todavía no termina

El principal caso pendiente es la Autoridad de Energía Eléctrica, cuyo proceso bajo el Título III comenzó en 2017.

La AEE llegó a la quiebra con más de $9,000 millones en bonos y más de $10,000 millones en diferentes reclamaciones, además de sus obligaciones con el sistema de retiro.

La Junta propone reducir esas reclamaciones cerca de un 80 %, hasta aproximadamente $2,600 millones, sin incluir completamente las obligaciones de pensiones. Sin embargo, varios grupos de acreedores reclaman una recuperación considerablemente mayor.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito determinó que los bonistas poseen una reclamación por el principal de los bonos y ciertos intereses, respaldada por los ingresos netos de la corporación. Esa decisión complicó las negociaciones y llevó nuevamente a las partes al proceso de mediación.

Después de nueve años, Puerto Rico todavía no sabe cuánto terminarán cobrando los acreedores, cómo se atenderán las pensiones de la AEE ni cuánto tendrá que pagar el consumidor mediante su factura eléctrica.

La lentitud resulta difícil de justificar ante un pueblo que continúa sufriendo apagones, tarifas elevadas y un sistema energético poco confiable.

Los huracanes, los terremotos y la pandemia complicaron el proceso. Sin embargo, casi una década de litigios, planes rechazados, acuerdos cancelados y negociaciones fallidas también demuestra que la Junta no ha sido capaz de concluir el caso más importante de la quiebra.

¿Dónde quedó el desarrollo económico?

PROMESA no fue presentada solamente como una ley para reestructurar deuda. Su propio nombre prometía administración y estabilidad económica.

La Junta recibió el mandato de ayudar a restaurar la responsabilidad fiscal, recuperar el acceso a los mercados y crear las condiciones necesarias para el crecimiento.

Sus resultados son mucho más claros en la reducción de la deuda que en el desarrollo económico.

Puerto Rico ha registrado balances fiscales más favorables y acumulado reservas. Sin embargo, parte importante de esa actividad se relaciona con los miles de millones de dólares recibidos después de los huracanes, los terremotos y la pandemia.

La Junta ha promovido controles presupuestarios y algunas reformas administrativas, pero no ha resuelto problemas estructurales como el alto costo de la energía, la lentitud de los permisos, la reducción poblacional, la debilidad de la infraestructura, la dependencia de fondos federales y los retrasos en los estados financieros auditados.

La Junta ha funcionado mejor como administradora de una quiebra que como promotora de una transformación económica.

El costo de administrar la insolvencia

PROMESA obliga al Gobierno de Puerto Rico a financiar las operaciones de la Junta y los gastos relacionados con los procesos de reestructuración.

Un análisis publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico en 2026 estima alrededor de $500 millones en gastos operacionales de la Junta entre los años fiscales 2017 y 2025.

Cuando se incluyen abogados, asesores financieros, consultores y otros gastos relacionados con los casos de Título III, el costo acumulado asociado con PROMESA se acerca a los $2,000 millones.

Eso representa un costo aproximado de $617 por residente o cerca de $1,796 por hogar, según el análisis.

No todo ese dinero corresponde a salarios de los integrantes de la Junta. Una parte considerable se destinó a bufetes, asesores financieros y otros profesionales necesarios para atender una de las reestructuraciones públicas más grandes en la historia de Estados Unidos.

Aun así, se trata de dinero pagado por Puerto Rico para administrar su propia insolvencia.

¿Quién se beneficia de que la Junta permanezca?

Después de diez años, es necesario formular una pregunta incómoda: ¿la Junta trabaja exclusivamente para completar su misión o la estructura creada alrededor de PROMESA ha desarrollado intereses propios en su continuidad?

La Junta no está compuesta solamente por sus integrantes. A su alrededor se formó una extensa red de abogados, consultores, economistas, asesores financieros y contratistas que ha recibido cientos de millones de dólares.

Esto no demuestra por sí solo la existencia de corrupción. Una quiebra de esta magnitud requiere especialistas. Sin embargo, sí crea un sistema de incentivos que merece ser examinado.

Mientras más se prolongan los litigios, más contratos, facturación profesional y trabajo remunerado genera el proceso.

La quiebra de la AEE es el ejemplo más evidente. Durante nueve años, abogados, asesores y consultores han continuado cobrando mientras los planes se modifican, se rechazan o regresan a mediación.

La pregunta no es solamente cuánto ha costado la Junta, sino quién se beneficia económicamente de su lentitud.

También existe una contradicción institucional: la Junta fue creada para cumplir una misión temporal, pero participa en la evaluación de si Puerto Rico reúne las condiciones necesarias para terminar la supervisión.

Mientras encuentre deficiencias presupuestarias, retrasos en auditorías, problemas administrativos o riesgos fiscales, puede argumentar que su presencia continúa siendo necesaria. En otras palabras, la institución tiene la capacidad de justificar su propia permanencia.

Una Junta atrapada en la política estadounidense

En agosto de 2025, el presidente Donald Trump destituyó a la mayoría de los integrantes de la Junta. La Casa Blanca alegó que el organismo había funcionado de manera ineficiente, gastado demasiado en consultores y tardado excesivamente en completar su misión.

Tres de los integrantes destituidos acudieron a los tribunales argumentando que PROMESA permite removerlos únicamente por causa justificada. Un tribunal federal bloqueó provisionalmente las destituciones al concluir que el Gobierno no había presentado una causa válida.

La controversia abrió una nueva discusión sobre quién controla realmente la Junta y hasta dónde llega el poder del presidente sobre una institución creada al amparo de la autoridad territorial del Congreso.

También reveló que la Junta se ha convertido en parte de la política nacional estadounidense.

El conflicto ya no gira únicamente alrededor de la deuda. Incluye quién designa a los miembros, qué intereses políticos representan, quién controla sus decisiones y qué orientación adoptará frente al Gobierno de Puerto Rico y los acreedores.

PROMESA creó una institución con enorme autoridad sobre una población que no puede votar por el presidente en las elecciones generales ni cuenta con representación con voto en el Congreso.

La Junta puede terminar convertida simultáneamente en un mecanismo de supervisión financiera, una fuente de contratos profesionales y un instrumento político cuyo control cambia según la administración que ocupe la Casa Blanca.

El populismo fiscal de los políticos locales

Sería demasiado sencillo responsabilizar únicamente a Washington, la Junta, los bonistas y los consultores.

Los propios políticos puertorriqueños continúan proporcionando argumentos para mantener la supervisión.

Durante décadas, diferentes administraciones aprobaron gastos, beneficios, contratos y programas sin identificar ingresos recurrentes suficientes para sostenerlos. En muchas ocasiones, las decisiones respondieron más al calendario electoral que a una planificación responsable.

El problema no es la existencia de sindicatos, uniones o empleados públicos. Tampoco debe responsabilizarse automáticamente a quienes trabajan para el Gobierno y reclaman mejores condiciones.

El problema surge cuando los dirigentes políticos prometen aumentos, beneficios, plazas, subsidios o programas que exceden los recursos disponibles, simplemente para conservar apoyo electoral o evitar el costo político de decir que no.

Algunos políticos buscan congraciarse con sindicatos, empleados públicos y distintos sectores de la población mediante compromisos que el Gobierno no siempre puede sostener. Defienden medidas populares sin explicar cómo se financiarán y después presentan cualquier intento de imponer disciplina fiscal como un ataque contra el pueblo.

Ese populismo fiscal fue una de las causas de la crisis y continúa siendo uno de los principales argumentos para justificar la existencia de la Junta.

Puerto Rico no puede reclamar plenamente su autonomía presupuestaria mientras sus gobernantes continúen aprobando medidas por encima de los recursos disponibles. Tampoco puede exigir el fin de la supervisión si no demuestra que es capaz de mantener presupuestos balanceados, producir estados financieros oportunamente y rechazar promesas electorales que no puede financiar.

Una relación conveniente para ambas partes

La Junta y los políticos locales mantienen una relación contradictoria, pero en ocasiones conveniente para ambos.

Los gobernantes critican públicamente a la Junta y la presentan como responsable de todos los recortes. Sin embargo, su existencia también les permite evitar responsabilidad por decisiones impopulares.

Pueden prometer beneficios a diferentes sectores y, si la Junta los rechaza, responsabilizar al organismo federal.

La Junta, por su parte, utiliza esas propuestas sin financiamiento como evidencia de que Puerto Rico todavía no está preparado para administrar sus finanzas sin supervisión.

Así se forma un círculo difícil de romper:

Los políticos prometen más de lo que el Gobierno puede pagar.
La Junta interviene y rechaza o modifica las propuestas.
Los políticos responsabilizan a la Junta por impedir los beneficios.
La Junta utiliza la conducta de los políticos para justificar su permanencia.
El pueblo continúa atrapado entre ambos poderes.

La Junta necesita demostrar que todavía es necesaria y algunos políticos necesitan a la Junta para justificar por qué no pueden cumplir sus promesas.

Una probatoria sin fecha de terminación

PROMESA establece varias condiciones para concluir la supervisión. Puerto Rico debe recuperar acceso adecuado a los mercados financieros, mantener presupuestos balanceados durante cuatro años fiscales consecutivos y contar con controles que garanticen una administración responsable.

El problema es que todavía no existe una fecha firme para la salida de la Junta.

Además, siempre podrá identificarse una deficiencia, un riesgo o una nueva razón para extender la supervisión. Los retrasos en los estados financieros, la fragilidad del sistema eléctrico, las obligaciones de pensiones y las propuestas legislativas sin financiamiento pueden utilizarse indefinidamente como evidencia de que Puerto Rico todavía no está preparado.

La Junta afirma que ha comenzado a transferir algunas responsabilidades presupuestarias al Gobierno. Sin embargo, después de diez años, continúa certificando planes fiscales, revisando presupuestos e interviniendo en decisiones de política pública.

Lo temporal empieza a parecer permanente.

Conclusión: la Junta vino para quedarse

PROMESA proporcionó el mecanismo legal que Puerto Rico no tenía. Redujo una parte considerable de la deuda y evitó que los acreedores desmantelaran financieramente al Gobierno mediante reclamaciones separadas.

Pero también creó una estructura de control federal costosa, lenta y sin responsabilidad electoral directa ante el pueblo puertorriqueño.

La Junta llegó como una medicina temporal para una emergencia fiscal, pero terminó creando su propia estructura de poder, contratos e intereses. Esto no significa que todos sus integrantes o asesores actúen indebidamente, pero obliga a cuestionar si una institución rodeada de miles de millones de dólares en gastos profesionales conserva incentivos reales para terminar rápidamente su mandato.

Sin embargo, Washington no es el único responsable. El populismo fiscal de los políticos locales continúa ofreciendo razones para prolongar la supervisión. Mientras se prometan beneficios, plazas y programas sin identificar recursos recurrentes, Puerto Rico seguirá demostrando que no ha corregido completamente las prácticas que provocaron la crisis.

Los políticos critican a la Junta, pero en ocasiones también se benefician de su existencia. Pueden hacer promesas populares y después culpar al organismo federal cuando son rechazadas. La Junta utiliza esa conducta para justificar que Puerto Rico todavía necesita supervisión.

Diez años después, la deuda se redujo, pero la tutela permanece. La Junta, los consultores, los intereses políticos federales y el populismo de los gobernantes locales forman parte de un sistema que alimenta su propia continuidad.

La Junta vino para quedarse. Podrán cambiar sus integrantes, su dirección y sus prioridades políticas, pero Washington siempre podrá encontrar una nueva justificación para mantener la supervisión.

Puerto Rico permanece en una probatoria financiera sin fecha real de terminación. La institución encargada de supervisar al Gobierno también participa en la evaluación de cuándo puede liberarse de esa supervisión, mientras los propios dirigentes puertorriqueños continúan proporcionando argumentos para mantenerla.

La gran pregunta después de diez años ya no es solamente cuándo terminará la Junta.

Es si la Junta, Washington, los intereses profesionales y la clase política puertorriqueña verdaderamente desean que termine.

PROMESA cumple diez años: Puerto Rico continúa bajo tutela fiscal