Ilustración editorial de Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin observando un mapa estratégico del Ártico

De Groenlandia a las Malvinas: la batalla silenciosa por el control de los polos

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Estados Unidos, Rusia y China se preparan para una competencia que todavía no se libra mediante grandes batallas. Acuerdos militares, bases, inversiones, rutas marítimas y reclamos territoriales están definiendo quién tendrá mayor influencia sobre el Ártico, el Atlántico Sur y las puertas de acceso a la Antártida.
Contenido del artículo
  1. Groenlandia no tenía que ser comprada
  2. El deshielo está cambiando el mapa
  3. Rusia comienza con ventaja
  4. China quiere participar
  5. Los minerales bajo el hielo
  6. Las Malvinas y el Atlántico Sur
  7. La revisión estadounidense
  8. La puerta hacia la Antártida
  9. Una guerra sin disparos

Durante siglos, Groenlandia y las islas Malvinas fueron vistas como territorios remotos, fríos y alejados de los principales centros de poder.

Esa percepción está desapareciendo.

El cambio climático, la demanda de minerales críticos, las nuevas rutas marítimas y la competencia entre Estados Unidos, Rusia y China están transformando los extremos del planeta en espacios estratégicos.

Groenlandia se encuentra en el Ártico. Las Malvinas están en el Atlántico Sur y no pertenecen geográficamente a la Antártida. Sin embargo, ambos territorios permiten proyectar poder hacia regiones que adquirirán una importancia económica y militar cada vez mayor.

No estamos observando una sola disputa territorial. Estamos presenciando una batalla silenciosa por las posiciones desde las cuales se controlará el futuro de los polos.

GROENLANDIA NO TENÍA QUE SER COMPRADA

Durante meses, Donald Trump insistió en la importancia de adquirir Groenlandia. La propuesta provocó rechazo en Dinamarca y entre los propios habitantes de la isla. Pero detrás de aquellas declaraciones existía una preocupación estratégica real.

Estados Unidos considera que Groenlandia es esencial para la defensa de Norteamérica, la detección temprana de misiles, la vigilancia espacial, el seguimiento de submarinos, la protección del Atlántico Norte y la competencia con Rusia y China.

El nuevo acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia podría concederle a Washington gran parte de lo que buscaba sin necesidad de comprar el territorio.

Según la información disponible, permitiría ampliar la presencia militar estadounidense, mantener derechos permanentes de acceso y sobrevuelo e impedir que países fuera de la OTAN establezcan bases o realicen inversiones consideradas sensibles.

Dinamarca conservaría la soberanía y Groenlandia mantendría su derecho a decidir su futuro político. El acuerdo todavía necesita completar su proceso de aprobación.

Washington no obtuvo formalmente la propiedad de la isla. Pero podría haber asegurado algo más importante: el control estratégico de su seguridad.

LA BASE QUE VIGILA MISILES Y SATÉLITES

Estados Unidos ya opera la base espacial de Pituffik en el noroeste de Groenlandia.

Su ubicación permite observar trayectorias que atraviesan el Ártico, una de las rutas más cortas entre Rusia y Norteamérica. La base forma parte de los sistemas estadounidenses de alerta temprana, defensa antimisiles y vigilancia espacial.

Desde allí se pueden vigilar movimientos de misiles y satélites, rutas de submarinos y el acceso entre el océano Ártico y el Atlántico.

En una futura confrontación entre grandes potencias, los primeros minutos serían decisivos. La capacidad para detectar un lanzamiento y reaccionar rápidamente podría determinar el éxito o fracaso de la defensa norteamericana.

Groenlandia es parte de ese sistema.

EL DESHIELO ESTÁ CAMBIANDO EL MAPA

El Ártico se calienta aproximadamente tres veces más rápido que el promedio mundial, según el Consejo Ártico.

El retroceso del hielo no significa que la navegación se vuelva inmediatamente sencilla o segura. Las condiciones continúan siendo peligrosas, la infraestructura es limitada y los accidentes pueden resultar difíciles de atender.

Pero el cambio ya aumenta el interés sobre las rutas marítimas del norte.

Un corredor ártico más accesible podría reducir ciertas distancias entre Asia, Europa y América. Eso disminuiría costos de transporte y evitaría algunos pasos congestionados o vulnerables.

Quien pueda proteger, vigilar o condicionar esas rutas obtendrá una ventaja económica y militar. Podrían convertirse en alternativas parciales al canal de Suez, el estrecho de Malaca, el mar Rojo y el canal de Panamá.

Las potencias planifican pensando en décadas, no solamente en las condiciones actuales.

RUSIA COMIENZA CON UNA VENTAJA GEOGRÁFICA

Rusia posee la costa ártica más extensa del planeta.

También cuenta con puertos, instalaciones militares, aeródromos, radares y una importante flota de rompehielos. Durante años ha invertido en recuperar bases abandonadas después de la Guerra Fría y aumentar su capacidad para operar en condiciones extremas.

Para Moscú, el Ártico representa una frontera militar, una ruta comercial, una fuente de recursos, un espacio para submarinos nucleares y una vía para exportaciones hacia Asia.

La guerra de Ucrania deterioró las relaciones de Rusia con Occidente, pero no eliminó su ventaja geográfica.

Estados Unidos no puede competir con Rusia solamente desde Alaska. Necesita aliados, bases, radares y puntos de acceso a ambos lados del océano. Ahí entra Groenlandia.

CHINA QUIERE PARTICIPAR SIN SER UN PAÍS ÁRTICO

China no posee territorio dentro del Ártico, pero se ha declarado un Estado cercano al Ártico y considera que los cambios en la región tendrán consecuencias globales.

Pekín intenta participar mediante investigación científica, inversiones mineras, infraestructura, cooperación con Rusia y desarrollo de rutas comerciales.

El interés chino preocupa a Washington porque una inversión comercial puede convertirse con el tiempo en influencia política, acceso tecnológico o presencia estratégica.

Una compañía puede comenzar financiando un puerto, una mina o un aeropuerto. Años después, esa infraestructura puede adquirir valor logístico o militar.

El acuerdo sobre Groenlandia intenta cerrar esa puerta antes de que China logre establecer una presencia estratégica.

LOS MINERALES ESCONDIDOS BAJO EL HIELO

Groenlandia contiene depósitos y posibles reservas de tierras raras y otros minerales críticos necesarios para sistemas de defensa, aeronaves, vehículos eléctricos, baterías, turbinas, computadoras, satélites e inteligencia artificial.

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha colaborado con el gobierno groenlandés en estudios sobre zonas que contienen tierras raras y otros minerales críticos.

El problema no es solamente encontrarlos. También hay que extraerlos, procesarlos y transportarlos bajo condiciones climáticas difíciles y regulaciones ambientales estrictas.

Aun así, Groenlandia representa una posible alternativa frente al enorme dominio chino sobre el procesamiento mundial de tierras raras.

La competencia por la isla es militar, pero también industrial.

GROENLANDIA PUEDE DECIDIR SU INDEPENDENCIA

Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca y posee derecho a avanzar hacia la independencia.

Si algún día se convierte en Estado independiente, necesitará ingresos, inversiones, protección militar y acceso a mercados. Estados Unidos, China y países europeos intentarían aumentar su influencia sobre esas decisiones.

El nuevo acuerdo podría asegurar que, independientemente del futuro político de Groenlandia, su defensa permanezca vinculada a Estados Unidos y la OTAN.

La isla conservaría formalmente su autodeterminación, pero tomaría decisiones dentro de un entorno condicionado por grandes potencias. La independencia jurídica no siempre equivale a autonomía estratégica completa.

LAS MALVINAS APARECEN EN EL OTRO EXTREMO

Las islas Malvinas no forman parte del Ártico ni están dentro del territorio antártico.

Se encuentran en el Atlántico Sur, bajo administración británica y reclamadas por Argentina.

Su valor no depende únicamente de la disputa histórica entre Buenos Aires y Londres. Representan una plataforma militar, una posición sobre las rutas australes, acceso a importantes zonas pesqueras, cercanía al cabo de Hornos y al estrecho de Magallanes, posibles recursos energéticos y capacidad de proyección hacia la Antártida.

Reino Unido mantiene una presencia militar permanente y defiende el principio de autodeterminación de sus habitantes. Argentina sostiene que las islas forman parte de su territorio y que la ocupación británica es ilegítima.

La guerra de 1982 resolvió el control militar, pero no terminó la disputa política.

LA NUEVA INCERTIDUMBRE ESTADOUNIDENSE

Estados Unidos ha mantenido tradicionalmente una posición cautelosa. Reconoce que Reino Unido administra las islas y que Argentina mantiene su reclamación, pero no ha adoptado una posición definitiva sobre la soberanía.

Donald Trump anunció que su gobierno está revisando esa política.

Eso no significa que Estados Unidos haya reconocido la soberanía argentina. Hasta ahora se trata de una revisión, no de un cambio oficial consumado. Pero la sola posibilidad altera el equilibrio diplomático.

Argentina, bajo Javier Milei, ha intensificado sus acciones contra proyectos que considera una explotación no autorizada de recursos. Su gobierno presentó legislación para aumentar las sanciones contra compañías, accionistas y suplidores relacionados con actividades petroleras en las islas.

Un tribunal argentino también ordenó detener el proyecto Sea Lion, aunque hacer cumplir esa decisión fuera de su jurisdicción será difícil.

¿POR QUÉ TRUMP REVISARÍA LA POSICIÓN?

La revisión puede ser un instrumento de negociación.

Trump podría utilizar las Malvinas para fortalecer su alianza con Javier Milei, presionar al Reino Unido sobre gasto militar, reducir la influencia china en Argentina, aumentar la presencia estadounidense en el Atlántico Sur u obtener concesiones de ambos gobiernos.

Esto no significa que Washington abandonará necesariamente al Reino Unido, uno de sus aliados históricos más importantes.

La incertidumbre también produce poder. Trump puede utilizarla para negociar sin comprometerse completamente con ninguno de los dos lados.

DEL ATLÁNTICO SUR A LA ANTÁRTIDA

Las Malvinas ofrecen una posición desde la cual se puede vigilar el Atlántico Sur y apoyar operaciones hacia la Antártida.

La Antártida está protegida por un sistema internacional que reserva el continente para fines pacíficos y científicos. El Protocolo Ambiental prohíbe las actividades relacionadas con recursos minerales, excepto la investigación científica.

Esa prohibición no desaparece automáticamente en 2048, como se afirma algunas veces. Cualquier modificación requeriría un complejo proceso de acuerdos internacionales.

Por eso, no es correcto afirmar que las potencias ya se están repartiendo legalmente los minerales antárticos.

Pero sí se preparan para cualquier cambio futuro. Las estaciones científicas permiten acumular experiencia, recopilar información, mantener presencia logística y participar en las decisiones sobre la administración del continente.

La ciencia es el propósito declarado y legal. Al mismo tiempo, la presencia científica produce influencia estratégica.

LOS RECURSOS NO ESTÁN SOLAMENTE BAJO LA TIERRA

Cuando se habla de los polos, el debate suele concentrarse en petróleo, gas o minerales. Pero también existen la pesca, el agua, los datos meteorológicos, el conocimiento científico, las rutas marítimas, las posiciones para comunicaciones y vigilancia, y los depósitos del fondo oceánico.

El Servicio Geológico estadounidense señala que existen depósitos submarinos, desde el Ártico hasta la Antártida, enriquecidos con metales considerados críticos para las economías modernas.

La potencia que domine la tecnología para explorar, extraer y transportar esos recursos tendrá una ventaja, incluso si actualmente no puede explotarlos en todas las regiones.

DOS EXTREMOS DE UNA MISMA COMPETENCIA

Groenlandia Islas Malvinas
Entrada al Ártico Plataforma del Atlántico Sur
Defensa de Norteamérica Proyección hacia la Antártida
Presencia estadounidense Presencia militar británica
Competencia con Rusia y China Disputa entre Reino Unido y Argentina
Minerales y rutas árticas Pesca, energía y rutas australes

Ambas demuestran que una isla remota puede convertirse en una pieza central cuando cambia la tecnología, el clima o el equilibrio internacional.

UNA GUERRA SIN DISPAROS

La competencia polar todavía no tiene la apariencia de una guerra convencional.

Se libra mediante tratados, bases, expediciones científicas, rompehielos, radares, inversiones mineras, sanciones económicas, reclamos marítimos, mapas y estudios geológicos.

Cada país intenta establecer posiciones antes de que los recursos y rutas sean completamente accesibles.

Cuando llegue el momento de negociar nuevas reglas, no todos se sentarán a la mesa con la misma fuerza. Quienes ya tengan instalaciones, conocimiento, aliados e infraestructura poseerán una ventaja difícil de desplazar.

CONCLUSIÓN: EL FUTURO SE ESTÁ NEGOCIANDO EN SILENCIO

Estados Unidos no necesitó comprar Groenlandia para ampliar su influencia. Rusia no necesita controlar todo el Ártico para dominar una parte importante de sus rutas. China no necesita territorio polar para invertir, investigar y ganar acceso. Argentina tampoco necesita recuperar inmediatamente las Malvinas para elevar el costo político y económico de la presencia británica.

Cada potencia utiliza las herramientas que posee para mejorar su posición.

La batalla por los polos no comenzará necesariamente con una invasión. Puede desarrollarse lentamente mediante acuerdos de seguridad, inversiones, puertos, radares y proyectos científicos.

Cuando el mundo finalmente comprenda el verdadero valor de esos territorios, muchas de las posiciones más importantes ya estarán ocupadas.

¿Estamos observando simples disputas territoriales o el comienzo de una nueva división del planeta antes de que los recursos del Ártico y la Antártida sean completamente accesibles?

Fuentes consultadas

Guerra contra Irán: la nueva fase de desgaste y estrangulamiento económico

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La guerra ha dejado de ser solamente una confrontación militar. Estados Unidos intenta reducir la capacidad de Irán mediante ataques selectivos, sanciones, aislamiento diplomático y presión sobre sus exportaciones, evitando por ahora una invasión terrestre. Teherán, mientras tanto, apuesta a resistir hasta que el costo económico, militar y político obligue a Donald Trump a cambiar de rumbo.
Contenido del artículo
  1. Vencer a Irán sin invadirlo
  2. El estrangulamiento económico
  3. Irán conserva capacidad, pero ya no es el mismo
  4. El estrecho de Ormuz
  5. Un problema regional
  6. China y sus propios intereses
  7. Las amenazas contra estadounidenses
  8. La presión dentro de Irán
  9. Estados Unidos también paga un precio
  10. La apuesta por noviembre
  11. ¿Quién cederá primero?

La guerra contra Irán ha entrado en una etapa diferente.

Ya no se trata únicamente de intercambiar misiles, destruir instalaciones militares o demostrar quién posee mayor capacidad de fuego. Ahora comienza una guerra de resistencia en la que cada parte intenta desgastar a la otra.

Estados Unidos busca debilitar a Irán sin ocupar militarmente el país. Teherán intenta conservar suficiente capacidad para prolongar el conflicto, aumentar su costo y esperar que la política estadounidense altere el rumbo de la guerra.

La pregunta central ya no es quién puede ganar una gran batalla. La pregunta es: ¿quién puede resistir durante más tiempo?

VENCER A IRÁN SIN INVADIRLO

Una invasión terrestre de Irán sería una operación extremadamente costosa. El país tiene una población numerosa, un territorio extenso, una geografía difícil y fuerzas preparadas para combatir de manera asimétrica. Una ocupación exigiría enormes recursos, años de operaciones y un gasto difícil de sostener políticamente.

Por eso, la estrategia estadounidense parece concentrarse en reducir gradualmente la capacidad del régimen mediante ataques contra instalaciones estratégicas, restricciones a las exportaciones, sanciones financieras, presión sobre sus socios comerciales, intercepción de embarcaciones y desgaste de las fuerzas vinculadas con Teherán.

El objetivo no necesariamente sería conquistar Irán, sino colocarlo ante una elección: negociar desde una posición de debilidad o continuar resistiendo mientras pierde capacidad para sostener el conflicto.

La revocación en Turquía de la licencia del banco iraní Mellat, unida a otras restricciones sobre entidades relacionadas con Teherán, demuestra que la presión intenta extenderse más allá del campo militar.

EL ESTRANGULAMIENTO ECONÓMICO

Irán comenzó esta guerra con una economía debilitada por años de sanciones, inflación, restricciones comerciales y dificultades para acceder al sistema financiero internacional. La prolongación del conflicto agrava esos problemas.

Un país puede reemplazar un misil o reconstruir parcialmente una instalación. Es mucho más difícil reemplazar continuamente ingresos perdidos, mantener las cadenas de suministro, sostener subsidios y evitar que el deterioro económico llegue a los hogares.

Estados Unidos apuesta precisamente a esa vulnerabilidad. La presión sobre bancos, aerolíneas, embarcaciones y exportaciones busca reducir los ingresos del gobierno iraní. Cada ataque también obliga a Teherán a dedicar recursos a reparar instalaciones, reponer armamento y mantener sus defensas.

La guerra económica no siempre produce las imágenes dramáticas de un bombardeo, pero puede causar daños más profundos y duraderos.

IRÁN CONSERVA CAPACIDAD, PERO YA NO ES EL MISMO

Sería incorrecto afirmar que Irán perdió toda capacidad de respuesta. Todavía puede emplear misiles, drones, fuerzas navales, ataques cibernéticos y aliados regionales. También puede amenazar las rutas marítimas y aumentar el riesgo en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, conservar capacidad para causar daño no significa poseer capacidad para ganar la guerra. Sus operaciones parecen orientadas cada vez más a elevar el precio que deben pagar Estados Unidos y sus aliados, mantener la moral interna y conservar herramientas para una eventual negociación.

Irán ya no parece luchar por una victoria militar tradicional. Lucha para evitar una derrota política, preservar el régimen y negociar sin haber quedado completamente incapacitado.

EL ESTRECHO DE ORMUZ COMO ÚLTIMA GRAN PALANCA

El estrecho de Ormuz continúa siendo una de las principales herramientas de presión de Irán. Antes de la guerra, aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas transportado mundialmente pasaba por esa zona. Una interrupción prolongada afecta la energía, las rutas comerciales, los seguros marítimos y la inflación internacional.

Datos recientes muestran un tráfico muy inferior a su promedio. Irán comprende que no necesita derrotar a la Marina estadounidense para provocar consecuencias económicas. Le basta con mantener suficiente incertidumbre para que navieras, aseguradoras y mercados incorporen el riesgo.

Pero esa estrategia también perjudica a Irán y a sus vecinos. Cada incidente acelera los proyectos para construir rutas que reduzcan la dependencia mundial del estrecho. Irán puede utilizar Ormuz como arma, pero mientras más lo hace, más incentiva al mundo a buscar una manera de evitarlo.

DE SOCIO INCÓMODO A PROBLEMA REGIONAL

Durante décadas, Irán fue un vecino difícil para las monarquías árabes, pero también un actor con el que era necesario negociar. Ese equilibrio está cambiando.

Los ataques contra rutas marítimas e infraestructura regional han llevado a varios gobiernos árabes a considerar a Irán no solamente como rival, sino como una amenaza directa contra su seguridad y desarrollo económico.

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin y Omán necesitan estabilidad para atraer inversiones y diversificar sus economías. Una guerra prolongada amenaza esos planes.

Irán corre el riesgo de convertirse en un enemigo íntimo: un país cercano geográficamente y conectado con la historia regional, pero percibido cada vez más como un obstáculo para la estabilidad. Esto no significa que todos sus vecinos apoyen cada acción estadounidense; significa que el espacio diplomático de Teherán se reduce.

CHINA NO ABANDONA A IRÁN, PERO DEFIENDE SUS PROPIOS INTERESES

China continúa considerando a Teherán un socio energético y estratégico. Pero también necesita estabilidad comercial, libre navegación y relaciones funcionales con Arabia Saudita y los demás países del Golfo.

Pekín puede oponerse a la estrategia estadounidense y, simultáneamente, presionar a Irán para que controle a los grupos cuyas acciones afectan el transporte marítimo y los intereses chinos.

Esto demuestra una realidad incómoda para Teherán: tener socios no significa tener aliados dispuestos a asumir todos los costos de su guerra. China ayudará cuando esa ayuda beneficie sus propios intereses, no necesariamente cuando implique arriesgar su comercio regional o enfrentarse directamente con Estados Unidos.

LAS AMENAZAS CONTRA ESTADOUNIDENSES

Durante el conflicto han circulado amenazas contra ciudadanos y figuras estadounidenses, incluida una grabación difundida por medios estatales iraníes en la que se afirmó que Barron Trump estaba siendo vigilado. El Servicio Secreto confirmó que conocía el material, pero evitó divulgar detalles operacionales.

Estas amenazas deben tomarse seriamente, pero también describirse con precisión. La información pública permite hablar de una amenaza propagandística y de vigilancia; no permite afirmar como hecho comprobado que exista un plan operativo para secuestrarlo.

Políticamente, estos mensajes pueden interpretarse como señal de desesperación. Un régimen que al comienzo prometía expulsar a Estados Unidos de la región intenta ahora demostrar alcance amenazando familiares, ciudadanos y objetivos vulnerables.

Pero sería peligroso subestimarlo. Un Irán debilitado puede recurrir con mayor frecuencia a operaciones encubiertas, ciberataques, grupos intermediarios o acciones difíciles de atribuir. El desgaste puede reducir su capacidad convencional mientras aumenta su disposición a correr riesgos.

LA PRESIÓN DENTRO DE IRÁN

El régimen también libra una batalla interna. Tiene que contener el descontento económico, mantener la lealtad de las fuerzas de seguridad, administrar las pugnas de poder y convencer a la población de que sus sacrificios tienen un propósito.

Las movilizaciones organizadas por el gobierno muestran que todavía conserva capacidad para convocar seguidores y convertir la presión externa en nacionalismo. Esto obliga a evitar predicciones fáciles sobre una caída inmediata del régimen.

La verdadera prueba llegará si continúan aumentando la inflación, el desempleo, la escasez y la destrucción. La resistencia nacionalista tiene límites cuando la guerra transforma permanentemente la vida cotidiana.

ESTADOS UNIDOS TAMBIÉN PAGA UN PRECIO

Estados Unidos posee una economía y unas fuerzas militares muy superiores, pero no participa gratuitamente en esta guerra.

Según una estimación militar citada por Associated Press, el costo acumulado alcanzó aproximadamente 43,600 millones de dólares hasta comienzos de septiembre. La continuación de las hostilidades podría costar cerca de 3,000 millones mensuales.

El conflicto también ha provocado bajas y un consumo elevado de interceptores Patriot, THAAD y otras municiones difíciles de reemplazar rápidamente.

Irán enfrenta una posible crisis existencial. Estados Unidos enfrenta el aumento del gasto, la reducción de inventarios militares, los efectos de la energía cara y el cansancio de una población que podría preguntarse cuál es el objetivo final. Trump necesita demostrar resultados antes de que el conflicto se convierta en una guerra indefinida.

LA APUESTA POR LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE

Una posible estrategia iraní sería resistir hasta las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026, calculando que una derrota republicana aumentaría la presión sobre Donald Trump y fortalecería los intentos de limitar el financiamiento o la duración de la guerra.

Pero sería una apuesta extremadamente arriesgada.

Si los demócratas conquistaran la Cámara o el Senado, podrían celebrar audiencias, abrir investigaciones, condicionar presupuestos y promover resoluciones sobre poderes de guerra. No podrían, sin embargo, terminar unilateralmente el conflicto.

Una ley tendría que ser aprobada por ambas cámaras. Si Trump la vetara, se necesitaría una mayoría de dos tercios en la Cámara y en el Senado para revocar ese veto. Las elecciones se proyectan competitivas, pero no se anticipa una mayoría de esa magnitud contra la política presidencial.

Además, el nuevo Congreso no comenzaría sus funciones hasta el 3 de enero de 2027. Irán no tendría que resistir solamente hasta noviembre, sino llegar hasta enero y soportar posiblemente meses adicionales de negociaciones y disputas presupuestarias.

LOS DEMÓCRATAS TAMPOCO GARANTIZAN EL FINAL

Los demócratas pueden beneficiarse políticamente del costo de la guerra y del desgaste republicano. Sin embargo, sus divisiones internas dificultan que se presenten como una alternativa nacional unificada. También existen posiciones diferentes dentro del partido sobre Irán, Israel y el uso de la fuerza.

Por eso, una victoria demócrata podría aumentar la supervisión y complicar el financiamiento, pero no garantizaría un cambio inmediato.

Trump también podría sentirse con mayor libertad para intensificar las operaciones después de las elecciones y antes de que el nuevo Congreso tome posesión. Si Irán basa toda su estrategia en esperar hasta noviembre, podría encontrarse ante una campaña más intensa durante los meses siguientes.

IRÁN NO SERÁ EL MISMO

Independientemente de cómo termine el conflicto, Irán difícilmente volverá a ser el mismo país. La guerra acelera el deterioro económico, las luchas internas, el desgaste militar, el debilitamiento de sus aliados, la presión fronteriza y la desconfianza de sus vecinos.

Incluso si el régimen sobrevive, tendrá que reconstruir infraestructura, recuperar capacidad militar y restablecer relaciones comerciales mientras administra una población más empobrecida.

No obstante, tampoco existe garantía de que un Irán debilitado sea más estable. El deterioro del régimen podría producir fragmentación, radicalización o una lucha por el poder. Debilitar un Estado no es necesariamente lo mismo que construir la paz.

CONCLUSIÓN: ¿QUIÉN CEDERÁ PRIMERO?

La guerra ha entrado en una etapa en la que ninguna de las partes necesita obtener una victoria militar absoluta.

Estados Unidos intenta demostrar que puede sostener la presión hasta obligar a Irán a negociar. Irán intenta sobrevivir hasta que el gasto, las bajas, las elecciones y el cansancio obliguen a Washington a cambiar de rumbo.

Irán combate por la supervivencia del régimen. Donald Trump combate contra el tiempo político, el costo financiero y la necesidad de presentar un resultado convincente.

El desenlace podría no decidirse mediante una gran batalla. Podría decidirse en los mercados, en las reservas de armamento, dentro de los gobiernos, en las calles de Teherán o en las urnas estadounidenses.

¿Cuánta presión adicional puede soportar Irán? ¿Cuánto tiempo estará dispuesto Donald Trump a sostener el costo de la guerra? Al final, ¿quién cederá primero?

Fuentes consultadas

Tío Sam y Karl Marx enfrentan capitalismo y socialismo en un ring

Socialismo, capitalismo y el futuro económico de Occidente

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Capitalismo vs. socialismo: Europa se estanca mientras Asia abraza el mercado y Estados Unidos escucha los cantos de sirena del estatismo.

Por Desde Mi Escritorio

Durante buena parte del siglo XX, la discusión económica mundial estuvo dominada por dos grandes modelos: el capitalismo y el socialismo. Sin embargo, prácticamente ningún país moderno aplica hoy uno de estos sistemas en su forma absoluta. La mayoría funciona mediante economías mixtas que combinan la iniciativa privada con distintos grados de intervención gubernamental.

La verdadera discusión no consiste en escoger entre un Estado inexistente y otro que lo controle todo. La pregunta es cuánto poder debe tener el gobierno, cuáles servicios debe garantizar y hasta qué punto puede intervenir sin destruir los incentivos que producen inversión, innovación, empleo y crecimiento.

La experiencia histórica demuestra que las economías centralizadas han fracasado cuando intentan sustituir el mercado, mientras que el capitalismo también necesita instituciones, competencia y reglas que impidan abusos. El desafío está en encontrar un equilibrio que gran parte de Occidente parece estar perdiendo.

Comunismo, socialismo y socialdemocracia

Aunque suelen utilizarse como si significaran lo mismo, estos sistemas presentan diferencias importantes.

El comunismo propone la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción y su control colectivo, administrado en la práctica por el Estado. Bajo este modelo, el gobierno determina qué se produce, en qué cantidad, a qué precio y cómo se distribuyen los recursos.

La Unión Soviética, la China de Mao, Cuba y Corea del Norte demostraron las consecuencias de ese sistema: escasez, baja productividad, represión política y una burocracia incapaz de responder eficientemente a las necesidades de la población.

El socialismo permite diferentes grados de propiedad privada, pero mantiene un control gubernamental considerable sobre la economía, los servicios esenciales y la distribución de la riqueza. Mientras mayor sea ese control, menor será normalmente el espacio disponible para la iniciativa individual y empresarial.

La socialdemocracia conserva la propiedad privada y el mercado, pero financia un Estado de bienestar amplio mediante impuestos elevados. Este modelo puede funcionar mientras exista una economía productiva, una población laboralmente activa y disciplina presupuestaria. El problema comienza cuando los beneficios crecen más rápidamente que la economía que debe financiarlos.

El capitalismo y sus variantes

El capitalismo se basa en la propiedad privada, la libertad empresarial, la competencia y la formación de precios mediante la oferta y la demanda. No existe, sin embargo, un único tipo de capitalismo.

El capitalismo liberal limita la intervención gubernamental. El capitalismo regulado combina el mercado con leyes laborales, ambientales y de protección al consumidor. El capitalismo de Estado permite que el gobierno controle sectores estratégicos mientras utiliza mecanismos del mercado en el resto de la economía.

También existe el capitalismo clientelista, en el cual empresas vinculadas al poder político reciben contratos, subsidios, permisos o protecciones especiales. Este último no representa un verdadero mercado competitivo, sino una alianza entre intereses privados y gubernamentales.

El capitalismo puede producir innovación, movilidad social y abundancia, pero necesita competencia real, tribunales confiables y reglas que impidan monopolios, corrupción y privilegios políticos.

Europa y el avance del socialismo administrativo

Europa no ha abandonado formalmente la socialdemocracia para adoptar el socialismo clásico. Sus empresas continúan siendo privadas y sus mercados siguen funcionando. Sin embargo, numerosos gobiernos europeos han avanzado hacia lo que podría describirse como un socialismo administrativo: más regulación, gasto público, impuestos, subsidios y decisiones económicas condicionadas por la burocracia.

El resultado ha sido una pérdida gradual de competitividad frente a Estados Unidos y Asia. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reconoce que el crecimiento de la productividad europea ha sido débil y que las barreras internas, la rigidez laboral y las restricciones regulatorias dificultan la inversión y la innovación. Fuente: OCDE.

El informe sobre competitividad dirigido por Mario Draghi también advierte que Europa enfrenta menor productividad, costos energéticos elevados, envejecimiento poblacional y una creciente competencia internacional. Fuente: Comisión Europea.

Europa construyó un sistema de protección social que durante décadas ofreció seguridad y estabilidad. No obstante, mantenerlo requiere crecimiento, productividad y una base contributiva suficientemente grande. Cuando la población envejece, disminuye la proporción de trabajadores y aumentan las obligaciones gubernamentales, el modelo comienza a mostrar sus límites.

La burocracia europea, con sus numerosas directivas, reglamentos y procesos de cumplimiento, también dificulta que empresas pequeñas puedan innovar, competir y expandirse.

El Reino Unido y el “socialismo ligero”

El Reino Unido salió de la Unión Europea, pero no abandonó la tendencia occidental hacia un gobierno más costoso. El crecimiento del gasto, la presión tributaria, las dificultades del sistema de salud y la expansión de las obligaciones públicas continúan limitando su margen económico.

En lugar de aplicar un socialismo tradicional, el Reino Unido ha desarrollado una especie de socialismo ligero: conserva una economía privada, pero mantiene un Estado cada vez más responsable de financiar servicios, subsidios y programas cuya demanda crece más rápidamente que los recursos disponibles.

La experiencia británica demuestra que abandonar la Unión Europea no garantiza automáticamente una economía más competitiva. También se requiere disciplina fiscal, energía asequible, inversión, productividad y voluntad política para reformar instituciones ineficientes.

Asia: del socialismo al mercado

Mientras Occidente aumenta la intervención gubernamental, varias economías asiáticas han avanzado en dirección contraria. China, Vietnam e India no adoptaron un capitalismo completamente libre, pero ampliaron el espacio para la empresa privada, el comercio y la inversión.

China continúa gobernada por el Partido Comunista y conserva un fuerte control político. Sin embargo, su crecimiento comenzó cuando permitió la propiedad privada, abrió zonas económicas especiales, atrajo capital extranjero y aceptó mecanismos de mercado. Su éxito económico no surgió del comunismo puro, sino de haberse apartado parcialmente de él.

Vietnam representa otro ejemplo. Las reformas conocidas como Đổi Mới, iniciadas en 1986, permitieron que el país abandonara gradualmente la planificación central y desarrollara una economía orientada hacia el mercado y el comercio internacional. Fuente: Banco Mundial.

India también comenzó a acelerar su desarrollo después de liberalizar sectores de su economía, reducir controles y facilitar la inversión privada.

La contradicción es evidente: mientras países que padecieron economías socialistas incorporan mecanismos capitalistas para prosperar, parte de Occidente se aproxima lentamente hacia políticas de mayor dependencia gubernamental.

El costo del wokismo institucional

A los problemas tradicionales del estatismo se añade lo que podría llamarse wokismo institucional: una tendencia a colocar determinadas prioridades identitarias y simbólicas por encima del mérito, la productividad, la seguridad, la libertad económica y los límites fiscales.

El término suele emplearse de forma imprecisa. En este artículo no se refiere a la defensa legítima de la igualdad ante la ley ni de los derechos civiles. Se refiere a la transformación de esas causas en estructuras burocráticas, cuotas, pruebas ideológicas y programas públicos cuya eficacia pocas veces se mide objetivamente.

En Europa, estas políticas se combinan con regulaciones costosas, transiciones energéticas ejecutadas sin garantizar siempre fuentes asequibles y confiables, y una política migratoria que ha tenido dificultades para controlar las fronteras e integrar adecuadamente a quienes llegan.

Estos factores no son la única causa de la desaceleración europea. También influyen el envejecimiento demográfico, la guerra, los costos energéticos, la competencia internacional y la insuficiente inversión tecnológica. Sin embargo, el aumento de la burocracia y el desplazamiento de recursos hacia prioridades ideológicas pueden agravar el problema.

Cuando la apariencia moral de una política importa más que sus resultados, la factura termina recayendo sobre trabajadores, consumidores y contribuyentes.

California, Nueva York y Minnesota: señales de erosión

Estados Unidos conserva una economía más dinámica que Europa, pero algunos estados muestran señales preocupantes. California, Nueva York y Minnesota han desarrollado agendas caracterizadas por mayor gasto público, impuestos elevados, regulaciones empresariales y energéticas, y una expansión de programas administrativos.

Estos estados no son pobres ni están actualmente en bancarrota. California continúa siendo un centro mundial de tecnología; Nueva York sigue siendo una potencia financiera, y Minnesota mantiene una economía diversificada. Sin embargo, una jurisdicción puede continuar siendo rica mientras erosiona gradualmente las ventajas que produjeron esa riqueza.

La Oficina del Analista Legislativo de California calcula que el estado podría enfrentar déficits estructurales de entre 20,000 y 35,000 millones de dólares anuales durante los próximos ejercicios. Fuente: Oficina del Analista Legislativo de California.

El contralor de Nueva York advirtió sobre una brecha presupuestaria acumulada de 34,300 millones de dólares hasta el año fiscal 2029, provocada por menores proyecciones de ingresos y mayores gastos. Fuente: Contralor del Estado de Nueva York.

Minnesota mantiene un balance positivo para el periodo 2026-2027. No obstante, su proyección oficial reconoce que el gasto crecerá más rápidamente que los ingresos y que persistirá un desequilibrio estructural durante los años siguientes. Fuente: Minnesota Management and Budget.

No puede atribuirse cada déficit exclusivamente al wokismo. También intervienen las pensiones, el costo de la salud, los ciclos económicos, las decisiones federales y errores administrativos acumulados durante décadas.

El peligro no es un colapso inmediato, sino una erosión progresiva: empresas que reducen inversiones, familias que buscan jurisdicciones más asequibles, bases contributivas más frágiles y gobiernos que vuelven a aumentar los impuestos para financiar compromisos anteriores.

Argentina: abandonar el populismo comienza a producir resultados

Argentina ofrece un contraste importante. Después de décadas de déficits, emisión monetaria, controles de precios, subsidios insostenibles y promesas populistas, el país comenzó a moverse hacia una mayor disciplina fiscal, apertura económica y reducción de la intervención estatal.

El gobierno de Javier Milei emprendió un ajuste severo del gasto, eliminó estructuras gubernamentales, limitó el financiamiento monetario del déficit e impulsó reformas orientadas hacia una economía más abierta.

El proceso ha tenido costos sociales y políticos considerables. Por ello, todavía es demasiado temprano para declarar una transformación definitiva. Sin embargo, los resultados muestran que el rumbo económico puede estar cambiando.

Argentina registró superávits fiscales primarios consecutivos por primera vez en casi dos décadas. Al mismo tiempo, la inflación, aunque continúa elevada, se ha reducido considerablemente frente a los niveles de tres dígitos observados anteriormente.

En julio de 2026, los precios aumentaron un 2.1 % mensual y la inflación interanual se situó en 33.8 %. Esto representa una desaceleración importante, aunque no significa que el problema esté completamente resuelto. Fuente: INDEC.

El Fondo Monetario Internacional también ha reconocido los avances fiscales y las reformas orientadas hacia una economía más abierta y basada en el mercado. No obstante, Argentina todavía debe fortalecer sus reservas, atraer inversiones sostenidas y evitar que futuros gobiernos reviertan el proceso. Fuente: Fondo Monetario Internacional.

La experiencia argentina demuestra que imprimir dinero, controlar artificialmente los precios y gastar permanentemente por encima de los ingresos no elimina la pobreza. Por el contrario, termina multiplicándola.

Estados Unidos ante los cantos de sirena

Estados Unidos sigue siendo una nación fundamentalmente capitalista. Su fortaleza económica proviene de la innovación, el acceso al capital, el emprendimiento, la flexibilidad laboral y una cultura que históricamente ha recompensado el riesgo.

Sin embargo, el país escucha cada vez con mayor intensidad los cantos de sirena del estatismo: servicios supuestamente gratuitos, subsidios universales, condonaciones de deuda y programas públicos sin una explicación realista sobre cómo serán financiados.

El problema no es ayudar a quienes lo necesitan. Una sociedad próspera debe mantener mecanismos de apoyo para las personas vulnerables. El peligro aparece cuando la asistencia se convierte en dependencia permanente y cuando los beneficios políticos se separan de la responsabilidad individual y de los recursos realmente disponibles.

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Conclusión: el equilibrio que Occidente ha perdido

Un capitalismo absolutamente puro, sin regulación ni protección social, difícilmente podría sostener una sociedad estable. De igual manera, un Estado socialista que pretenda controlarlo todo o prometer servicios ilimitados y gratuitos resulta económicamente imposible.

Los extremos, tanto del mercado sin reglas como del Estado omnipresente, pueden producir abusos, desigualdad, dependencia o estancamiento.

El Estado tiene responsabilidades fundamentales: garantizar la seguridad, administrar la justicia y ofrecer una educación básica de calidad. También debe mantener mecanismos razonables para ayudar a quienes verdaderamente lo necesiten, sin convertir esa asistencia en dependencia permanente ni utilizarla como instrumento electoral.

El problema comienza cuando el populismo promete más de lo que el gobierno puede pagar. Ningún derecho elimina el costo del servicio ofrecido. Cuando se afirma que algo es gratuito, en realidad será financiado mediante impuestos, deuda, inflación o una combinación de los tres.

La salud y la educación superior no pueden ser completamente gratuitas para toda la población porque requieren médicos, profesores, instalaciones, equipos y trabajadores que deben recibir remuneración. Sin embargo, una sociedad responsable debe facilitar el acceso a estos servicios mediante ayudas dirigidas, becas, seguros, préstamos razonables y competencia entre proveedores.

Lo mismo ocurre con la alimentación y la vivienda. Deben existir redes de apoyo para quienes atraviesan situaciones difíciles, pero estas no pueden sustituir indefinidamente el trabajo, la responsabilidad individual y la búsqueda de autosuficiencia. La ayuda debe funcionar como un puente para superar una crisis, no como una condición permanente promovida para conservar votantes.

Tampoco es sostenible financiar cada nueva promesa aumentando continuamente los impuestos a trabajadores, contribuyentes y empresas. Una carga contributiva excesiva o mal diseñada puede desalentar la inversión, reducir la creación de empleos e impulsar la salida de empresas y capital. Sin actividad productiva no existe una base económica capaz de sostener los programas sociales.

Occidente amenaza con gastar más de lo que tiene mientras convierte cada nueva promesa política en un supuesto derecho ilimitado. Europa ya refleja las consecuencias de una burocracia excesiva, crecimiento débil y obligaciones públicas difíciles de financiar.

Estados Unidos conserva una economía más dinámica, pero algunos de sus estados comienzan a caer en el mismo juego de ofrecer beneficios crecientes sin exigir responsabilidad ciudadana ni reconocer los límites presupuestarios.

Argentina, por el contrario, intenta abandonar parte del populismo que durante décadas la condujo hacia el déficit, la emisión monetaria y la inflación. Sus avances todavía son frágiles, pero demuestran que recuperar la disciplina fiscal puede comenzar a devolver estabilidad a una economía profundamente afectada.

El mejor sistema no es el capitalismo sin reglas ni el socialismo que pretende dirigir cada aspecto de la vida. Es una economía de mercado con instituciones sólidas, competencia, propiedad privada, responsabilidad fiscal y una red de protección limitada, eficiente y dirigida a quienes realmente la necesitan.

El crecimiento dependerá de encontrar un balance entre la libertad económica y la intervención gubernamental. Actualmente, gran parte de Occidente parece haber perdido ese equilibrio.

Recuperarlo exigirá abandonar tanto el populismo de “todo gratis” como la idea de que los recursos públicos son infinitos. Un país que consume constantemente más de lo que produce no está construyendo justicia social: está transfiriendo la factura a sus contribuyentes, a sus empresas y a las próximas generaciones.

Cuatro miembros de la Junta de Supervisión Fiscal alrededor de un bizcocho que dice PROMESA 10 AÑOS

PROMESA cumple diez años: Puerto Rico continúa bajo tutela fiscal

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La deuda pública se redujo, pero la quiebra no ha terminado, el desarrollo económico prometido continúa pendiente y la Junta de Supervisión Fiscal parece haberse convertido en una institución permanente.

Por Desde Mi Escritorio

El 30 de junio de 2026 se cumplieron diez años de la aprobación de la Ley PROMESA, legislación federal que creó la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y estableció un proceso especial para reestructurar la deuda pública.

PROMESA fue presentada como una respuesta extraordinaria y temporal ante una emergencia fiscal. Su propósito era reducir una deuda impagable, recuperar la disciplina presupuestaria, devolverle a Puerto Rico el acceso a los mercados financieros y crear las condiciones necesarias para el crecimiento económico.

Diez años después, parte de la deuda fue reestructurada, pero la quiebra no ha terminado. La Autoridad de Energía Eléctrica continúa en litigio, la Junta permanece controlando las finanzas públicas y Puerto Rico sigue sin conocer cuándo terminará finalmente la supervisión federal.

La gran pregunta ya no es solamente qué logró PROMESA, sino si la estructura creada por la ley tiene verdaderos incentivos para desaparecer.

La crisis que dio origen a PROMESA

La Ley PROMESA —Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act— fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Barack Obama el 30 de junio de 2016, durante la gobernación de Alejandro García Padilla.

Un año antes, García Padilla había reconocido públicamente que la deuda de Puerto Rico era impagable. Para ese momento, el Gobierno y sus corporaciones públicas acumulaban más de $70,000 millones en deuda, además de aproximadamente $50,000 a $55,000 millones en obligaciones de pensiones sin financiar.

Puerto Rico también había perdido acceso efectivo a los mercados financieros. Las casas acreditadoras habían degradado sus bonos y el Gobierno comenzaba a incumplir sus obligaciones.

A diferencia de los municipios estadounidenses, Puerto Rico no podía utilizar el Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras para reorganizar las deudas de sus instrumentalidades. Tampoco existía un mecanismo que permitiera atender de manera ordenada las reclamaciones de miles de bonistas y acreedores.

Ante la posibilidad de un colapso fiscal acompañado de múltiples demandas, la administración Obama y el Congreso impulsaron PROMESA.

La ley creó dos herramientas fundamentales. La primera fue un proceso de reestructuración parecido a una quiebra bajo el Título III. La segunda fue la Junta de Supervisión Fiscal, con amplios poderes sobre presupuestos, planes fiscales, contratos y legislación.

Puerto Rico recibió una vía para reducir su deuda, pero a cambio quedó sometido a una nueva estructura de control federal.

Las causas de la crisis

La crisis no fue provocada por una sola administración ni por un único partido. Fue el resultado de décadas de malas decisiones financieras, debilidad económica y limitaciones relacionadas con la condición territorial de Puerto Rico.

Durante años, el Gobierno gastó más de lo que recibía. En lugar de corregir los déficits, recurrió repetidamente a préstamos, emisiones de bonos y refinanciamientos.

Parte de la deuda nueva se utilizó para pagar obligaciones anteriores o cubrir gastos operacionales. De esa forma, el financiamiento dejó de ser una herramienta para construir infraestructura y se convirtió en un mecanismo para mantener funcionando un Gobierno que vivía por encima de sus recursos.

Las corporaciones públicas también acumularon deudas enormes sin modernizar adecuadamente sus sistemas. La Autoridad de Energía Eléctrica es el ejemplo más evidente: tomó miles de millones prestados, pero llegó a la quiebra con plantas envejecidas, infraestructura frágil y una dependencia excesiva de combustibles fósiles.

A esto se sumaron:

  • Las obligaciones de pensiones acumuladas sin financiamiento suficiente.
  • Los retrasos continuos en la preparación de estados financieros auditados.
  • La falta de controles presupuestarios confiables.
  • La recesión económica iniciada en 2006.
  • La reducción de la población y de la base contributiva.
  • La eliminación gradual de la Sección 936 y el debilitamiento de parte de la actividad industrial.
  • La facilidad para vender bonos con exención contributiva triple.
  • La incapacidad de Puerto Rico para utilizar las mismas herramientas de quiebra disponibles para otras jurisdicciones estadounidenses.

PROMESA no creó la crisis. La crisis fue creada por décadas de decisiones locales y federales. Sin embargo, PROMESA determinó quién tendría el poder para manejar sus consecuencias.

Lo que PROMESA sí logró

Sería incorrecto afirmar que la Junta no consiguió nada. Su principal logro fue proporcionar un mecanismo jurídico para evitar una batalla desorganizada entre Puerto Rico y sus acreedores.

Según la Oficina de Contraloría del Gobierno de Estados Unidos, para agosto de 2024 se habían reestructurado aproximadamente $64,700 millones en deuda. Esa cantidad quedó reducida inicialmente a unos $28,200 millones y, para marzo de 2025, el balance se estimaba en aproximadamente $24,100 millones.

La Junta sostiene que el proceso redujo el servicio anual de la deuda de alrededor de $4,200 millones a aproximadamente $1,150 millones.

Entre las reestructuraciones completadas se encuentran las correspondientes al Gobierno central, COFINA, el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Carreteras y Transportación y otras instrumentalidades.

El plan de ajuste del Gobierno central fue confirmado en 2022. Esto redujo considerablemente las reclamaciones contra el Gobierno y evitó que una proporción insostenible del presupuesto tuviera que dedicarse al pago de deuda.

PROMESA, por tanto, cumplió parcialmente su función financiera: redujo la deuda y evitó un colapso judicial desordenado.

El problema es que reestructurar deuda no es lo mismo que transformar una economía.

La quiebra que todavía no termina

El principal caso pendiente es la Autoridad de Energía Eléctrica, cuyo proceso bajo el Título III comenzó en 2017.

La AEE llegó a la quiebra con más de $9,000 millones en bonos y más de $10,000 millones en diferentes reclamaciones, además de sus obligaciones con el sistema de retiro.

La Junta propone reducir esas reclamaciones cerca de un 80 %, hasta aproximadamente $2,600 millones, sin incluir completamente las obligaciones de pensiones. Sin embargo, varios grupos de acreedores reclaman una recuperación considerablemente mayor.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito determinó que los bonistas poseen una reclamación por el principal de los bonos y ciertos intereses, respaldada por los ingresos netos de la corporación. Esa decisión complicó las negociaciones y llevó nuevamente a las partes al proceso de mediación.

Después de nueve años, Puerto Rico todavía no sabe cuánto terminarán cobrando los acreedores, cómo se atenderán las pensiones de la AEE ni cuánto tendrá que pagar el consumidor mediante su factura eléctrica.

La lentitud resulta difícil de justificar ante un pueblo que continúa sufriendo apagones, tarifas elevadas y un sistema energético poco confiable.

Los huracanes, los terremotos y la pandemia complicaron el proceso. Sin embargo, casi una década de litigios, planes rechazados, acuerdos cancelados y negociaciones fallidas también demuestra que la Junta no ha sido capaz de concluir el caso más importante de la quiebra.

¿Dónde quedó el desarrollo económico?

PROMESA no fue presentada solamente como una ley para reestructurar deuda. Su propio nombre prometía administración y estabilidad económica.

La Junta recibió el mandato de ayudar a restaurar la responsabilidad fiscal, recuperar el acceso a los mercados y crear las condiciones necesarias para el crecimiento.

Sus resultados son mucho más claros en la reducción de la deuda que en el desarrollo económico.

Puerto Rico ha registrado balances fiscales más favorables y acumulado reservas. Sin embargo, parte importante de esa actividad se relaciona con los miles de millones de dólares recibidos después de los huracanes, los terremotos y la pandemia.

La Junta ha promovido controles presupuestarios y algunas reformas administrativas, pero no ha resuelto problemas estructurales como el alto costo de la energía, la lentitud de los permisos, la reducción poblacional, la debilidad de la infraestructura, la dependencia de fondos federales y los retrasos en los estados financieros auditados.

La Junta ha funcionado mejor como administradora de una quiebra que como promotora de una transformación económica.

El costo de administrar la insolvencia

PROMESA obliga al Gobierno de Puerto Rico a financiar las operaciones de la Junta y los gastos relacionados con los procesos de reestructuración.

Un análisis publicado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico en 2026 estima alrededor de $500 millones en gastos operacionales de la Junta entre los años fiscales 2017 y 2025.

Cuando se incluyen abogados, asesores financieros, consultores y otros gastos relacionados con los casos de Título III, el costo acumulado asociado con PROMESA se acerca a los $2,000 millones.

Eso representa un costo aproximado de $617 por residente o cerca de $1,796 por hogar, según el análisis.

No todo ese dinero corresponde a salarios de los integrantes de la Junta. Una parte considerable se destinó a bufetes, asesores financieros y otros profesionales necesarios para atender una de las reestructuraciones públicas más grandes en la historia de Estados Unidos.

Aun así, se trata de dinero pagado por Puerto Rico para administrar su propia insolvencia.

¿Quién se beneficia de que la Junta permanezca?

Después de diez años, es necesario formular una pregunta incómoda: ¿la Junta trabaja exclusivamente para completar su misión o la estructura creada alrededor de PROMESA ha desarrollado intereses propios en su continuidad?

La Junta no está compuesta solamente por sus integrantes. A su alrededor se formó una extensa red de abogados, consultores, economistas, asesores financieros y contratistas que ha recibido cientos de millones de dólares.

Esto no demuestra por sí solo la existencia de corrupción. Una quiebra de esta magnitud requiere especialistas. Sin embargo, sí crea un sistema de incentivos que merece ser examinado.

Mientras más se prolongan los litigios, más contratos, facturación profesional y trabajo remunerado genera el proceso.

La quiebra de la AEE es el ejemplo más evidente. Durante nueve años, abogados, asesores y consultores han continuado cobrando mientras los planes se modifican, se rechazan o regresan a mediación.

La pregunta no es solamente cuánto ha costado la Junta, sino quién se beneficia económicamente de su lentitud.

También existe una contradicción institucional: la Junta fue creada para cumplir una misión temporal, pero participa en la evaluación de si Puerto Rico reúne las condiciones necesarias para terminar la supervisión.

Mientras encuentre deficiencias presupuestarias, retrasos en auditorías, problemas administrativos o riesgos fiscales, puede argumentar que su presencia continúa siendo necesaria. En otras palabras, la institución tiene la capacidad de justificar su propia permanencia.

Una Junta atrapada en la política estadounidense

En agosto de 2025, el presidente Donald Trump destituyó a la mayoría de los integrantes de la Junta. La Casa Blanca alegó que el organismo había funcionado de manera ineficiente, gastado demasiado en consultores y tardado excesivamente en completar su misión.

Tres de los integrantes destituidos acudieron a los tribunales argumentando que PROMESA permite removerlos únicamente por causa justificada. Un tribunal federal bloqueó provisionalmente las destituciones al concluir que el Gobierno no había presentado una causa válida.

La controversia abrió una nueva discusión sobre quién controla realmente la Junta y hasta dónde llega el poder del presidente sobre una institución creada al amparo de la autoridad territorial del Congreso.

También reveló que la Junta se ha convertido en parte de la política nacional estadounidense.

El conflicto ya no gira únicamente alrededor de la deuda. Incluye quién designa a los miembros, qué intereses políticos representan, quién controla sus decisiones y qué orientación adoptará frente al Gobierno de Puerto Rico y los acreedores.

PROMESA creó una institución con enorme autoridad sobre una población que no puede votar por el presidente en las elecciones generales ni cuenta con representación con voto en el Congreso.

La Junta puede terminar convertida simultáneamente en un mecanismo de supervisión financiera, una fuente de contratos profesionales y un instrumento político cuyo control cambia según la administración que ocupe la Casa Blanca.

El populismo fiscal de los políticos locales

Sería demasiado sencillo responsabilizar únicamente a Washington, la Junta, los bonistas y los consultores.

Los propios políticos puertorriqueños continúan proporcionando argumentos para mantener la supervisión.

Durante décadas, diferentes administraciones aprobaron gastos, beneficios, contratos y programas sin identificar ingresos recurrentes suficientes para sostenerlos. En muchas ocasiones, las decisiones respondieron más al calendario electoral que a una planificación responsable.

El problema no es la existencia de sindicatos, uniones o empleados públicos. Tampoco debe responsabilizarse automáticamente a quienes trabajan para el Gobierno y reclaman mejores condiciones.

El problema surge cuando los dirigentes políticos prometen aumentos, beneficios, plazas, subsidios o programas que exceden los recursos disponibles, simplemente para conservar apoyo electoral o evitar el costo político de decir que no.

Algunos políticos buscan congraciarse con sindicatos, empleados públicos y distintos sectores de la población mediante compromisos que el Gobierno no siempre puede sostener. Defienden medidas populares sin explicar cómo se financiarán y después presentan cualquier intento de imponer disciplina fiscal como un ataque contra el pueblo.

Ese populismo fiscal fue una de las causas de la crisis y continúa siendo uno de los principales argumentos para justificar la existencia de la Junta.

Puerto Rico no puede reclamar plenamente su autonomía presupuestaria mientras sus gobernantes continúen aprobando medidas por encima de los recursos disponibles. Tampoco puede exigir el fin de la supervisión si no demuestra que es capaz de mantener presupuestos balanceados, producir estados financieros oportunamente y rechazar promesas electorales que no puede financiar.

Una relación conveniente para ambas partes

La Junta y los políticos locales mantienen una relación contradictoria, pero en ocasiones conveniente para ambos.

Los gobernantes critican públicamente a la Junta y la presentan como responsable de todos los recortes. Sin embargo, su existencia también les permite evitar responsabilidad por decisiones impopulares.

Pueden prometer beneficios a diferentes sectores y, si la Junta los rechaza, responsabilizar al organismo federal.

La Junta, por su parte, utiliza esas propuestas sin financiamiento como evidencia de que Puerto Rico todavía no está preparado para administrar sus finanzas sin supervisión.

Así se forma un círculo difícil de romper:

  • Los políticos prometen más de lo que el Gobierno puede pagar.
  • La Junta interviene y rechaza o modifica las propuestas.
  • Los políticos responsabilizan a la Junta por impedir los beneficios.
  • La Junta utiliza la conducta de los políticos para justificar su permanencia.
  • El pueblo continúa atrapado entre ambos poderes.

La Junta necesita demostrar que todavía es necesaria y algunos políticos necesitan a la Junta para justificar por qué no pueden cumplir sus promesas.

Una probatoria sin fecha de terminación

PROMESA establece varias condiciones para concluir la supervisión. Puerto Rico debe recuperar acceso adecuado a los mercados financieros, mantener presupuestos balanceados durante cuatro años fiscales consecutivos y contar con controles que garanticen una administración responsable.

El problema es que todavía no existe una fecha firme para la salida de la Junta.

Además, siempre podrá identificarse una deficiencia, un riesgo o una nueva razón para extender la supervisión. Los retrasos en los estados financieros, la fragilidad del sistema eléctrico, las obligaciones de pensiones y las propuestas legislativas sin financiamiento pueden utilizarse indefinidamente como evidencia de que Puerto Rico todavía no está preparado.

La Junta afirma que ha comenzado a transferir algunas responsabilidades presupuestarias al Gobierno. Sin embargo, después de diez años, continúa certificando planes fiscales, revisando presupuestos e interviniendo en decisiones de política pública.

Lo temporal empieza a parecer permanente.

Conclusión: la Junta vino para quedarse

PROMESA proporcionó el mecanismo legal que Puerto Rico no tenía. Redujo una parte considerable de la deuda y evitó que los acreedores desmantelaran financieramente al Gobierno mediante reclamaciones separadas.

Pero también creó una estructura de control federal costosa, lenta y sin responsabilidad electoral directa ante el pueblo puertorriqueño.

La Junta llegó como una medicina temporal para una emergencia fiscal, pero terminó creando su propia estructura de poder, contratos e intereses. Esto no significa que todos sus integrantes o asesores actúen indebidamente, pero obliga a cuestionar si una institución rodeada de miles de millones de dólares en gastos profesionales conserva incentivos reales para terminar rápidamente su mandato.

Sin embargo, Washington no es el único responsable. El populismo fiscal de los políticos locales continúa ofreciendo razones para prolongar la supervisión. Mientras se prometan beneficios, plazas y programas sin identificar recursos recurrentes, Puerto Rico seguirá demostrando que no ha corregido completamente las prácticas que provocaron la crisis.

Los políticos critican a la Junta, pero en ocasiones también se benefician de su existencia. Pueden hacer promesas populares y después culpar al organismo federal cuando son rechazadas. La Junta utiliza esa conducta para justificar que Puerto Rico todavía necesita supervisión.

Diez años después, la deuda se redujo, pero la tutela permanece. La Junta, los consultores, los intereses políticos federales y el populismo de los gobernantes locales forman parte de un sistema que alimenta su propia continuidad.

La Junta vino para quedarse. Podrán cambiar sus integrantes, su dirección y sus prioridades políticas, pero Washington siempre podrá encontrar una nueva justificación para mantener la supervisión.

Puerto Rico permanece en una probatoria financiera sin fecha real de terminación. La institución encargada de supervisar al Gobierno también participa en la evaluación de cuándo puede liberarse de esa supervisión, mientras los propios dirigentes puertorriqueños continúan proporcionando argumentos para mantenerla.

La gran pregunta después de diez años ya no es solamente cuándo terminará la Junta.

Es si la Junta, Washington, los intereses profesionales y la clase política puertorriqueña verdaderamente desean que termine.

Fuentes consultadas

Pescador vikingo islandés rechaza una negociación con Ursula von der Leyen, representante de la Unión Europea

Islandia dice “no”: una Unión Europea entre adhesiones, deserciones y pérdida de influencia

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Protegida por la OTAN, vinculada militarmente con Estados Unidos y conectada al mercado europeo, Islandia no encontró razones suficientes para entregar mayor soberanía a Bruselas.

Por Desde Mi Escritorio

Islandia acaba de enviar un mensaje político que trasciende ampliamente su reducido tamaño territorial y poblacional. En el referéndum celebrado el 29 de agosto de 2026, el 52.8 % de los electores rechazó reanudar las negociaciones para ingresar en la Unión Europea, mientras que el 47.2 % votó a favor. La participación superó el 82 %, demostrando la importancia que los islandeses concedieron a esta decisión.

Es importante aclarar que Islandia no abandonó la Unión Europea, porque nunca ha sido miembro. Tampoco se votó directamente sobre su entrada al bloque. Lo que la mayoría rechazó fue regresar a la mesa de negociación para explorar una futura adhesión, la cual habría requerido posteriormente otro referéndum.

Aun con esa precisión, el resultado constituye un revés simbólico para Bruselas. Ocurre precisamente cuando la Unión Europea intenta proyectarse como una potencia económica, política y de seguridad capaz de mantener unido al continente frente a Rusia, competir con China y reducir su dependencia de Estados Unidos.

Integración económica sin entregar toda la soberanía

Islandia ya mantiene una relación muy estrecha con Europa. Es parte del Espacio Económico Europeo, participa en el mercado común y pertenece al espacio Schengen, que permite la libre circulación de personas.

En términos prácticos, el país disfruta de muchos de los beneficios económicos de la integración europea sin pertenecer completamente a la estructura política de la Unión.

Para una mayoría de los islandeses, ese acuerdo parece suficiente. Islandia puede comerciar con Europa, facilitar la movilidad de sus ciudadanos y cooperar con Bruselas sin entregar el control completo de áreas consideradas esenciales para su soberanía.

La pesca fue uno de los temas centrales de la campaña. Para Islandia, sus recursos marítimos no representan solamente una actividad económica. También son parte de su identidad nacional y de su capacidad para decidir su propio futuro. Muchos electores temían que la entrada en la Unión Europea obligara al país a someter su política pesquera a normas comunes establecidas en Bruselas.

El resultado también reflejó una división presente en otras democracias occidentales. El apoyo a retomar las negociaciones fue mayor en Reikiavik, mientras que las regiones rurales se inclinaron por el rechazo. Detrás de esa diferencia existe una discusión más profunda sobre la integración internacional, la soberanía nacional y el control local de los recursos.

Una pequeña isla con enorme valor estratégico

Islandia cuenta con alrededor de 400,000 habitantes, pero ocupa una posición extraordinariamente importante en el Atlántico Norte. Está situada en las rutas marítimas y aéreas que conectan Norteamérica con Europa y cerca de un Ártico que adquiere cada vez mayor relevancia militar, energética y comercial.

Aunque no posee fuerzas armadas permanentes, Islandia es miembro fundador de la OTAN y mantiene desde 1951 un acuerdo bilateral de defensa con Estados Unidos. Su territorio facilita actividades de vigilancia aérea, patrullaje marítimo y seguimiento de movimientos navales en el Atlántico Norte.

Por esa razón, su posible ingreso en la Unión Europea habría tenido un valor mucho mayor que el indicado por el tamaño de su población. Habría fortalecido la presencia política europea en el Ártico y ayudado a Bruselas a presentarse como un actor de seguridad capaz de unir a las democracias del norte.

Sin embargo, el resultado demuestra que, cuando se trata de defensa, Islandia continúa confiando principalmente en la OTAN, en Estados Unidos y en sus relaciones bilaterales. La Unión Europea sigue siendo su principal espacio económico, pero no representa su garantía militar fundamental.

Islandia no está escogiendo el aislamiento. Por el contrario, busca reforzar sus relaciones de seguridad con países como Noruega, Finlandia, Canadá y Japón. Está optando por una red flexible de alianzas sin integrarse completamente en la estructura política europea.

Islandia no ve razones para entregar mayor autonomía

Al ser miembro de la OTAN y contar con un acuerdo de defensa con Estados Unidos, Islandia ya posee la principal protección militar que podría necesitar. Su posición en el Atlántico Norte también garantiza que Washington y sus aliados mantengan un interés permanente en su seguridad.

Desde esa perspectiva, la Unión Europea tiene poco nuevo que ofrecerle en el terreno geopolítico. Islandia ya participa en el mercado común europeo y en el espacio Schengen, pero conserva su moneda, sus recursos pesqueros y una mayor capacidad para establecer sus prioridades nacionales.

Ingresar plenamente en la Unión significaría aceptar más regulaciones y ceder parte de su poder de decisión a las instituciones europeas, sin recibir necesariamente una garantía militar superior a la que ya obtiene mediante la OTAN.

También existe una dimensión política y cultural. La inmigración irregular, las dificultades para controlar las fronteras exteriores y las tensiones relacionadas con la integración de grandes comunidades procedentes de África, Oriente Medio y Asia han provocado profundas divisiones dentro de varias sociedades europeas.

Aunque Islandia ya pertenece al espacio Schengen y no está completamente aislada de esas presiones, la membresía plena podría disminuir aún más su margen para establecer políticas propias. Para muchos ciudadanos, el ingreso podría significar asumir una mayor participación en los problemas europeos sin obtener beneficios equivalentes.

El mensaje de una mayoría de los islandeses parece claro: cooperar con Europa no significa entregar completamente la autonomía política y cultural del país.

Mientras Bruselas intenta presentarse como un proyecto de seguridad y unidad, la propia Unión enfrenta divisiones sobre inmigración, defensa, energía, crecimiento económico, soberanía y distribución de responsabilidades. Para Islandia, un país estable, protegido por la OTAN y con acceso al mercado europeo, integrarse plenamente en una estructura que atraviesa esas tensiones podría representar más obligaciones que ventajas.

Una Unión Europea que ya no parece indispensable

El rechazo islandés expone una debilidad fundamental del proyecto europeo. La Unión continúa siendo atractiva para países que buscan estabilidad económica, acceso al mercado occidental o protección frente a Rusia, pero tiene mayores dificultades para atraer a naciones desarrolladas que ya poseen instituciones estables, seguridad militar y relaciones comerciales favorables.

Para Ucrania, Moldavia y algunos países de los Balcanes, la Unión Europea representa una posible salida de la vulnerabilidad económica y geopolítica. Para Islandia, en cambio, no constituye una necesidad inmediata.

Su defensa descansa sobre la OTAN y Estados Unidos. Su economía ya está conectada con Europa. Sus ciudadanos disfrutan de movilidad dentro del continente y sus recursos naturales permanecen bajo control nacional.

Bruselas no logró demostrar que la membresía plena ofreciera algo suficientemente valioso como para justificar una cesión adicional de soberanía.

Por eso, el voto no debe interpretarse únicamente como una defensa de la pesca. También constituye una declaración de autonomía: Islandia quiere relacionarse estrechamente con Europa, pero no quedar subordinada políticamente a sus instituciones.

Este modelo podría resultar atractivo para otros países que observan con preocupación la acumulación de poder regulatorio en Bruselas. Si una nación puede obtener gran parte de los beneficios económicos europeos sin asumir todas las obligaciones políticas de la membresía, entrar en la Unión deja de ser la única alternativa.

¿Está naufragando la Unión Europea?

Afirmar que la Unión Europea está a punto de desaparecer sería una exageración. El bloque todavía posee un enorme mercado, importantes capacidades industriales y una considerable influencia regulatoria. Además, nueve países mantienen actualmente el estatus de candidatos a la adhesión.

Sin embargo, la Unión atraviesa una contradicción difícil de ocultar.

Por un lado, incorpora o acerca a países que buscan protección, financiamiento y estabilidad. Por otro, no consigue atraer a Islandia, mientras Noruega continúa rechazando la membresía y el Reino Unido permanece fuera después del Brexit.

Europa vive entre dos movimientos opuestos: países que desean entrar porque ven en la Unión una protección frente a amenazas externas y sociedades desarrolladas que prefieren mantener cierta distancia para no entregar más soberanía a Bruselas.

No estamos necesariamente ante una cadena inmediata de deserciones, pero sí frente a una pérdida de magnetismo político. La Unión Europea todavía atrae, aunque ya no convence automáticamente.

Islandia demuestra que es posible mantenerse cerca del proyecto europeo, aprovechar su mercado y cooperar con sus instituciones sin aceptar una integración política completa.

Conclusión: Europa busca su lugar en el nuevo orden mundial

El mundo atraviesa un nuevo realineamiento de las grandes potencias económicas y militares. Estados Unidos intenta conservar su liderazgo, China amplía su presencia comercial y tecnológica, Rusia desafía el orden de seguridad europeo y nuevas potencias buscan mayor influencia en sus respectivas regiones.

En medio de esta transformación, la Unión Europea todavía no encuentra con claridad su lugar.

Sus divisiones internas, su dependencia militar de Estados Unidos, el bajo crecimiento de varias de sus economías y las consecuencias de políticas migratorias, sociales y económicas cuestionadas por sectores cada vez más amplios de su población han debilitado su capacidad para actuar como una verdadera superpotencia.

A esto se suma una enorme y pesada burocracia supranacional que, junto con el inmovilismo de sus instituciones, dificulta la toma rápida de decisiones. La necesidad de alcanzar acuerdos entre numerosos gobiernos, partidos e intereses nacionales provoca que Europa reaccione lentamente ante crisis que exigen respuestas inmediatas.

Esa estructura burocrática ya no parece atraer con la misma fuerza a los países desarrollados. Naciones como Islandia y Noruega, que cuentan con economías estables, instituciones sólidas y garantías de seguridad mediante la OTAN, encuentran pocas razones para entregar mayor autonomía a Bruselas y someterse a nuevas regulaciones.

La Unión Europea continúa siendo atractiva para países que buscan financiamiento, acceso al mercado occidental, estabilidad institucional o protección frente a Rusia. Sin embargo, tiene mayores dificultades para convencer a naciones desarrolladas que ya disfrutan de muchas de esas ventajas sin pertenecer plenamente al bloque.

Europa conserva riqueza, instituciones e influencia, pero corre el riesgo de quedar relegada frente a Estados Unidos y China, precisamente cuando el poder mundial se reorganiza alrededor de la tecnología, la energía, la seguridad y el control de las cadenas de suministro.

Para Islandia, la conclusión parece pragmática: si ya cuenta con protección militar, acceso al mercado europeo y autonomía sobre sus recursos, ingresar plenamente en la Unión Europea no representa una ventaja suficientemente clara. Por el contrario, podría significar aceptar más burocracia, regulaciones y compromisos políticos sin recibir beneficios equivalentes.

La Unión no está desapareciendo, pero su modelo de integración ha dejado de parecer inevitable. Islandia acaba de demostrar que un país puede mantenerse cerca del barco europeo, aprovechar sus rutas comerciales y, aun así, negarse a subir completamente a bordo.

En este nuevo realineamiento de las potencias económicas, la Unión Europea continúa buscando su lugar. Lamentablemente para Bruselas, sus políticas fallidas, su enorme burocracia y su inmovilismo institucional amenazan con dejarla rezagada entre las grandes potencias.

Pero ese será tema de otro artículo.

Fuentes consultadas

Guerra contra Irán: la nueva fase del estrangulamiento económico de Estados Unidos

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Estados Unidos parece apostar por una estrategia diferente a una invasión terrestre: reducir los ingresos petroleros de Irán, perseguir sus redes financieras, bloquear su comercio y aumentar la presión interna. El objetivo sería debilitar al régimen sin asumir el enorme costo humano, militar y político de ocupar el país. Sin embargo, quienes primero sufren una guerra económica son los ciudadanos.

Representación editorial del ayatolá iraní bajo la presión económica de Estados Unidos

Las guerras no siempre terminan cuando dejan de caer misiles.

En ocasiones, simplemente cambian de forma.

La confrontación contra Irán parece haber entrado en una nueva fase. Estados Unidos mantiene su poder militar como instrumento de presión, pero ahora concentra gran parte de sus esfuerzos en cerrar las rutas que permiten al régimen iraní obtener petróleo, dinero, tecnología y materiales estratégicos.

No se trata de conquistar Teherán ni de enviar cientos de miles de soldados para ocupar un país de casi 90 millones de habitantes.

La estrategia parece ser otra: estrangular progresivamente la economía iraní hasta reducir la capacidad del régimen para financiar sus operaciones militares, sostener su influencia regional y mantener el control interno.

Índice del artículo

VENCER A IRÁN SIN INVADIRLO

Una invasión terrestre de Irán sería una operación extremadamente costosa.

El país posee un territorio extenso, zonas montañosas, una población numerosa, fuerzas militares convencionales, misiles, drones y redes capaces de operar en diferentes puntos de Oriente Medio.

Una ocupación podría transformarse en una guerra prolongada y provocar una reacción regional difícil de controlar.

Estados Unidos conoce ese riesgo.

Las experiencias de Irak y Afganistán demostraron que derribar un gobierno puede ser mucho más fácil que controlar el país después de su caída.

Por eso Washington parece favorecer una combinación de instrumentos:

  • Sanciones contra las exportaciones petroleras.
  • Persecución de embarcaciones utilizadas para evadir restricciones.
  • Presión sobre bancos e intermediarios financieros.
  • Sanciones contra compañías extranjeras.
  • Congelación de activos.
  • Restricciones sobre tecnología y componentes militares.
  • Operaciones contra redes de criptomonedas.
  • Interdicción de cargamentos.
  • Presión diplomática sobre compradores de petróleo iraní.
  • Fuerza militar como amenaza y respaldo de la campaña económica.

El propósito no sería ocupar Irán, sino hacer cada vez más difícil que su gobierno pueda vender, cobrar, mover y utilizar sus recursos.

EL PETRÓLEO: LA PRINCIPAL VÍA DE OXÍGENO

El petróleo continúa siendo una fuente esencial de ingresos para Irán.

Aunque Teherán ha creado mecanismos para evadir las sanciones, necesita embarcaciones, compañías intermediarias, aseguradoras, bancos y compradores dispuestos a asumir el riesgo de comerciar con un país sancionado.

Para mantener sus exportaciones, Irán utiliza una red conocida como la flota fantasma.

Son barcos que pueden cambiar de nombre, bandera o propietario; apagar sus sistemas de identificación; realizar transferencias de petróleo en alta mar o recurrir a documentos que dificultan conocer el verdadero origen de la carga.

Estados Unidos intenta desmantelar esa red pieza por pieza.

Durante 2026, el Departamento del Tesoro continuó sancionando embarcaciones, propietarios, operadores y compañías vinculadas con el transporte de petróleo iraní. Las autoridades estadounidenses aseguran haber señalado a más de cien barcos relacionados con esta estructura.

La lógica es sencilla: si Irán no puede transportar su petróleo, pierde compradores. Si no puede cobrarlo o repatriar el dinero, sus exportaciones dejan de producir el mismo beneficio.

No es necesario bloquear físicamente todos sus puertos.

Basta con elevar el costo y el riesgo de cada transacción.

LA SANCIÓN MÁS PODEROSA ACTÚA FUERA DE IRÁN

El verdadero poder de las sanciones estadounidenses no surge únicamente de impedir que sus propias compañías negocien con Irán.

Surge de amenazar con sanciones a empresas de otros países.

Una compañía asiática, europea o de Oriente Medio puede estar dispuesta a comprar petróleo iraní con descuento. Sin embargo, deberá preguntarse si esa operación justifica el riesgo de perder acceso al sistema financiero estadounidense, enfrentar la congelación de activos o quedar excluida de mercados internacionales.

Esta es la fuerza de las llamadas sanciones secundarias.

Washington utiliza el peso del dólar, sus bancos y su mercado para obligar a terceros a escoger entre comerciar con Irán o conservar su acceso a Estados Unidos.

La presión, por lo tanto, no se limita al régimen iraní. Se extiende a toda compañía, banco, puerto o embarcación que lo ayude a evadir las restricciones.

CORTAR EL DINERO ANTES QUE DISPARAR OTRO MISIL

La estrategia también persigue las redes que permiten a Irán mover el dinero obtenido mediante sus exportaciones.

Teherán ha recurrido a compañías intermediarias, casas de cambio, cuentas en distintas jurisdicciones y activos digitales para reducir su dependencia del sistema bancario tradicional.

Estados Unidos responde sancionando esas redes y congelando fondos relacionados con ellas.

El Departamento del Tesoro afirma haber afectado miles de millones de dólares en ingresos proyectados y congelado cientos de millones en criptomonedas vinculadas con el gobierno iraní.

Estas cifras proceden del propio gobierno estadounidense y deben analizarse como parte de su justificación oficial. Sin embargo, muestran claramente el objetivo de la campaña: no solamente impedir que Irán venda, sino evitar que pueda recibir y utilizar el dinero.

La batalla ocurre en bancos, puertos, compañías ficticias, plataformas digitales y registros de embarcaciones.

Es una guerra financiera y logística.

UNA ECONOMÍA YA DEBILITADA

La presión llega cuando la economía iraní ya enfrenta problemas profundos.

Las sanciones acumuladas, la depreciación de la moneda, la inflación, la incertidumbre política, las limitaciones para atraer inversión y las dificultades para adquirir tecnología extranjera han reducido el poder adquisitivo de la población.

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para 2026 son particularmente severas. El organismo anticipa una contracción considerable de la economía iraní y una inflación extremadamente elevada.

Esto significa que los ciudadanos necesitan cada vez más dinero para comprar alimentos, medicinas, vivienda y otros artículos esenciales, mientras sus ingresos pierden valor.

Las sanciones pueden contener excepciones humanitarias, pero eso no elimina todos sus efectos indirectos.

Bancos, transportistas y suplidores suelen evitar operaciones relacionadas con Irán por miedo a cometer una infracción. El resultado puede ser escasez, mayores costos y dificultades para completar incluso transacciones permitidas.

EL PUEBLO PAGA ANTES QUE EL RÉGIMEN

Aquí aparece la mayor contradicción de la guerra económica.

Las sanciones se presentan como instrumentos dirigidos contra el gobierno, las fuerzas armadas y sus fuentes de financiamiento. Sin embargo, los primeros efectos suelen sentirse en los hogares.

El régimen puede asignar recursos prioritarios a sus estructuras militares y de seguridad. Una familia no posee esa capacidad.

Cuando la moneda pierde valor y los precios aumentan, la población reduce su consumo, agota sus ahorros y enfrenta un deterioro continuo de su calidad de vida.

Esto puede aumentar el descontento social. Una economía bajo presión extrema puede debilitar la legitimidad del régimen y profundizar sus divisiones internas.

Pero ese resultado no está garantizado.

Las sanciones también pueden fortalecer el nacionalismo, permitir que el gobierno culpe a un enemigo externo y justificar controles políticos más severos. Los sectores vinculados con el poder también pueden beneficiarse del contrabando y de los mercados clandestinos.

El sufrimiento económico no produce automáticamente un cambio de gobierno.

¿CAMBIO DE CONDUCTA O CAMBIO DE RÉGIMEN?

Estados Unidos presenta su campaña como un mecanismo para limitar los programas militares de Irán, impedir el desarrollo de armas nucleares y reducir su capacidad para financiar organizaciones armadas en la región.

Sin embargo, la intensidad de las medidas genera otra pregunta:

¿Busca Washington modificar la conducta del régimen iraní o crear las condiciones que provoquen su caída?

Oficialmente, las sanciones se justifican como respuesta a actividades específicas.

En la práctica, intentar reducir drásticamente los ingresos petroleros, aislar los bancos y perseguir cada mecanismo de evasión produce una presión mucho más amplia sobre el Estado iraní.

La frontera entre obligar a negociar y provocar un colapso se vuelve cada vez más difícil de distinguir.

LA OPERACIÓN DEBE CERRAR TODAS LAS SALIDAS

Una campaña de estrangulamiento económico solamente funcionará si Estados Unidos logra reducir las rutas alternativas de Irán.

China desempeña un papel central porque ha sido el principal destino del petróleo iraní vendido fuera de los canales tradicionales.

También son importantes los intermediarios ubicados en Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y otras jurisdicciones comerciales.

Mientras existan compradores, barcos y formas de mover el dinero, Irán conservará parte de sus ingresos.

Por eso Washington no concentra toda su presión directamente sobre Teherán. También sanciona refinerías, operadores portuarios, propietarios de embarcaciones y compañías establecidas fuera de Irán.

El campo de batalla se extiende por toda la cadena comercial.

AMENAZAS QUE REFLEJAN DESGASTE Y DESESPERACIÓN

La presión contra Irán también está produciendo una retórica cada vez más amenazante.

Medios estatales iraníes difundieron recientemente un video que aparenta amenazar la vida de Barron Trump, hijo del presidente estadounidense.

La grabación afirma que sus movimientos están siendo vigilados y sugiere la existencia de una recompensa millonaria.

El Servicio Secreto confirmó que conoce el video y que investiga cualquier amenaza contra las personas bajo su protección. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación pública de que se haya descubierto un plan operativo específico contra Barron Trump.

Esta distinción es importante.

Una amenaza propagandística no equivale automáticamente a una operación con capacidad real para ejecutarse. Pero tampoco debe ser ignorada, especialmente porque las autoridades estadounidenses han advertido anteriormente sobre posibles intentos iraníes de secuestrar o asesinar estadounidenses, funcionarios y disidentes dentro de Estados Unidos.

Más que una demostración de fortaleza, dirigir amenazas contra familiares y civiles puede interpretarse como una señal de frustración y desgaste.

Irán no parece conservar la misma libertad de acción que mostró al comienzo de la confrontación. Sus capacidades militares, económicas y logísticas han recibido golpes importantes.

Las dificultades para responder directamente pueden estar empujando al régimen hacia métodos asimétricos: amenazas, propaganda, operaciones encubiertas, ciberataques y posibles acciones contra individuos.

Esto no significa que Irán haya perdido toda capacidad para causar daño.

Todavía conserva misiles, drones, herramientas cibernéticas y redes capaces de operar fuera de sus fronteras. Subestimar esas capacidades sería peligroso.

Sin embargo, su comportamiento parece corresponder cada vez menos al de un régimen que intenta ganar una guerra convencional y más al de uno que lucha por sobrevivir.

Teherán busca demostrar que todavía puede alcanzar intereses estadounidenses, aunque ya no pueda responder con la misma intensidad del comienzo.

La imagen que proyecta Irán es la de un régimen desgastado y acorralado, pero todavía peligroso.

Su objetivo inmediato quizá ya no sea derrotar militarmente a Estados Unidos. Podría ser conservar suficiente capacidad de amenaza para obligarlo a negociar y, sobre todo, mantenerse en el poder.

EL RIESGO DE LLEVAR A IRÁN AL LÍMITE

La estrategia estadounidense evita inicialmente el costo de una invasión, pero no está libre de peligros.

Un gobierno que percibe una amenaza contra su supervivencia puede responder de manera impredecible.

Irán conserva capacidad para afectar rutas marítimas, lanzar misiles y drones, utilizar operaciones cibernéticas o activar redes aliadas en la región.

También puede aumentar la presión en el estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el comercio energético mundial.

Esto crea una contradicción peligrosa: cuanto más eficaz sea el estrangulamiento, mayor puede ser el incentivo de Irán para escalar la confrontación.

Estados Unidos intenta debilitar a Teherán sin provocar una guerra terrestre. Pero si la presión amenaza la continuidad del régimen, Irán podría decidir que ya no tiene nada que perder.

IRAK TAMBIÉN PUEDE SUFRIR LAS CONSECUENCIAS

Aunque el blanco principal es la economía iraní, Irak tampoco queda protegido de los efectos.

Ambos países mantienen importantes vínculos comerciales, políticos y energéticos. Irak también está expuesto a la inestabilidad regional y a las disputas entre grupos alineados con diferentes potencias.

Una crisis prolongada puede afectar sus precios, inversiones, rutas de transporte, suministro de energía y seguridad interna.

Por eso es importante hacer la distinción: las medidas buscan estrangular a Irán, pero sus consecuencias económicas pueden extenderse a Irak y al resto de Oriente Medio.

UNA GUERRA SIN OCUPACIÓN

La nueva fase de la confrontación demuestra cómo está cambiando la guerra.

En el pasado, vencer a un adversario significaba destruir su ejército, ocupar su territorio y tomar su capital.

Ahora una potencia puede intentar obtener resultados similares controlando el acceso del enemigo al dinero, los mercados, la tecnología, los seguros, el transporte y el sistema financiero internacional.

No necesita colocar un soldado en cada ciudad iraní.

Puede perseguir cada barco que transporta su petróleo, cada banco que procesa sus pagos y cada compañía que suministra componentes estratégicos.

El arma principal no sería una fuerza invasora.

Sería el aislamiento.

CONCLUSIÓN: ESTRANGULAR SIN CONQUISTAR

Estados Unidos parece apostar a que puede vencer la resistencia iraní sin repetir una ocupación como la de Irak.

La estrategia consiste en mantener la superioridad militar como amenaza, mientras utiliza sanciones, interdicciones, presión financiera y aislamiento comercial para reducir progresivamente la capacidad del régimen.

Es una forma de guerra menos visible, pero no necesariamente menos destructiva.

No muestra grandes columnas de tanques entrando en Teherán. Sus imágenes son otras: barcos que pierden acceso a puertos, cuentas congeladas, una moneda que se desploma, fábricas sin componentes y familias cuyos salarios compran cada vez menos.

Washington podría evitar una invasión. Pero la destrucción económica también tiene víctimas.

Irán, por su parte, luce desgastado y cada vez más limitado. Sus amenazas contra familiares y ciudadanos estadounidenses pueden interpretarse como el recurso de un régimen que ya no lucha principalmente por ganar una guerra, sino por demostrar que todavía puede causar daño y mantenerse en el poder.

La pregunta central es si esta presión obligará al gobierno iraní a negociar, provocará cambios internos o empujará a la región hacia una confrontación todavía más peligrosa.

Intentar estrangular a una potencia regional puede parecer más fácil que invadirla.

Lo verdaderamente difícil será controlar lo que ocurra cuando Irán sienta que se está quedando sin salidas.

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