Miles de millones disponibles, una red que no mejora: cómo la quiebra de la AEE frena los fondos de FEMA
Contenido del artículo
- El dinero existe, pero no llega a las obras
- Fondos obligados no significa dinero gastado
- La quiebra en el centro del problema
- La corte no es la única responsable
- Una crisis que supera las promesas políticas
- Las disputas con LUMA y Genera
- Resolver la quiebra podría acelerar la recuperación
- ¿Quién prevalecerá?
- Un pueblo convertido en espectador
- Conclusión
El dinero existe, pero no llega a las obras
Después del huracán María, el Gobierno federal anunció una asignación histórica para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico. La cantidad parecía suficiente para transformar una red envejecida en una infraestructura moderna, resistente y confiable.
Sin embargo, casi nueve años después, los apagones continúan, las plantas generatrices siguen operando con equipos antiguos y una parte importante de la red de transmisión y distribución permanece vulnerable.
El problema no es necesariamente la ausencia de dinero. El verdadero problema es la dificultad para convertir los fondos federales asignados en proyectos terminados.
Según un informe publicado en 2026 por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, conocida como GAO, FEMA había obligado aproximadamente $11,100 millones para la recuperación y modernización del sistema eléctrico. Sin embargo, hasta diciembre de 2025, COR3 solamente había desembolsado alrededor de $2,700 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica.
Eso significa que aproximadamente $8,400 millones, equivalentes al 75 % del dinero obligado por FEMA, todavía no habían sido desembolsados.
El mismo informe encontró que solamente nueve proyectos grandes financiados por FEMA habían sido completados. También reveló que, hasta febrero de 2026, se habían despejado con fondos federales unas 400 millas de vegetación alrededor de las líneas eléctricas, de un total de aproximadamente 16,000 millas contempladas.
Las cifras demuestran que Puerto Rico no enfrenta únicamente una crisis energética. También enfrenta una crisis de ejecución.
Consultar el informe de GAO sobre la reconstrucción eléctrica de Puerto Rico
Fondos obligados no significa dinero gastado
Cuando se anuncia que FEMA ha obligado miles de millones de dólares, muchas personas interpretan que ese dinero ya se encuentra disponible en una cuenta bancaria y que el Gobierno de Puerto Rico solamente tiene que comenzar las obras.
El proceso es mucho más complicado.
Una obligación federal representa el compromiso legal de FEMA de financiar un proyecto elegible. No significa necesariamente que el dinero haya sido transferido o gastado.
Para acceder a esos fondos, la AEE, LUMA, Genera o la entidad responsable tiene que preparar el alcance de la obra, justificar sus costos, completar diseños y demostrar que el proyecto cumple con los requisitos establecidos.
También pueden intervenir COR3, el Negociado de Energía, la Junta de Supervisión Fiscal y diversas agencias relacionadas con permisos ambientales y preservación histórica.
Solamente después de completar las revisiones correspondientes comienza a fluir el dinero. En muchos casos, la entidad responsable debe adelantar parte del costo de construcción y posteriormente solicitar el reembolso.
Ese modelo funciona mejor cuando la empresa responsable tiene reservas, crédito y capacidad para financiar temporalmente las obras. Pero la AEE no posee ninguna de esas ventajas.
La quiebra en el centro del problema
La Autoridad de Energía Eléctrica se encuentra bajo un procedimiento de quiebra desde 2017. Casi una década después, todavía no existe un plan de ajuste confirmado que determine definitivamente cuánto recibirán sus acreedores, de dónde saldrá el dinero y cuáles serán las obligaciones financieras futuras de la corporación pública.
Esta incertidumbre tiene consecuencias que van más allá de los tribunales.
La AEE no puede operar financieramente como una empresa eléctrica normal. Su capacidad para pedir dinero prestado, mantener reservas o financiar proyectos está severamente limitada. Por eso depende principalmente de fondos federales para reconstruir su propia infraestructura.
El problema se agrava porque el modelo de FEMA requiere que, en muchos proyectos, se realice inicialmente el trabajo y después se solicite el reembolso.
GAO reconoció directamente esta dificultad. Su informe señala que la condición financiera de la AEE limita su capacidad para tomar dinero prestado e invertir en la red. También explica que el modelo de reembolso resulta particularmente complicado porque la corporación pública continúa en quiebra.
El Gobierno creó un programa de adelantos de capital para facilitar el comienzo de algunas obras. Sin embargo, esos adelantos normalmente están limitados al 25 % del valor del proyecto.
LUMA informó que, cuando se agota el adelanto inicial, algunas construcciones tienen que detenerse mientras se procesa el próximo desembolso. Esas interrupciones pueden extenderse hasta 120 días y generar costos adicionales por retirar y posteriormente volver a movilizar trabajadores, contratistas y equipos.
La quiebra provoca falta de liquidez; la falta de liquidez impide adelantar el costo de las obras; las obras que no avanzan no pueden ser reembolsadas y los fondos federales permanecen obligados, pero sin utilizarse.
Mientras tanto, el deterioro del sistema continúa aumentando sus costos de operación y consumiendo el poco dinero disponible.
La corte no es la única responsable
No sería correcto responsabilizar exclusivamente a la jueza Laura Taylor Swain o al proceso de quiebra por la lentitud en el desembolso de los fondos.
GAO también identificó revisiones de proyectos que pueden extenderse durante meses o años, falta de personal especializado, rotación de empleados, deficiencias en los alcances de trabajo y dificultades para coordinar a todas las entidades participantes.
Los proyectos pueden pasar por FEMA, COR3, la AEE, LUMA, Genera, el Negociado de Energía y la Junta de Supervisión Fiscal. Además, los contratos que superan los $10 millones pueden estar sujetos a revisiones adicionales.
En algunos casos, se han comprado equipos que todavía no pueden instalarse porque el proyecto continúa esperando autorización.
Por consiguiente, la quiebra no mantiene legalmente congelados todos los fondos de FEMA. Su efecto es principalmente financiero e institucional: mantiene insolvente al propietario del sistema y dificulta que los proyectos puedan comenzar, sostenerse y completarse.
Una crisis que supera las promesas políticas
Ante cada apagón aparecen nuevas promesas políticas: acelerar la reconstrucción, exigir responsabilidades, conseguir fondos adicionales o cancelar contratos.
Pero la realidad es que gran parte de este proceso está fuera del control directo de cualquier gobernador o legislador de Puerto Rico.
Los fondos de FEMA están sujetos a regulaciones y revisiones federales. La quiebra se encuentra bajo la jurisdicción del tribunal federal. Las negociaciones involucran a la jueza Swain, la Junta de Supervisión Fiscal, los bonistas, las aseguradoras y los mediadores del caso.
El Gobierno de Puerto Rico puede establecer prioridades, presentar proyectos y ejercer presión política. No obstante, no puede terminar unilateralmente la quiebra, obligar a los acreedores a aceptar un acuerdo ni ordenar a FEMA que desembolse inmediatamente los fondos.
Por eso es poco lo que los políticos pueden prometer con certeza. Muchas de sus propuestas chocan con una estructura legal y administrativa que Puerto Rico no controla completamente.
Las disputas con LUMA y Genera tampoco ayudan
A este escenario se añaden las disputas del Gobierno con LUMA y Genera.
Existen críticas legítimas sobre el desempeño de ambos operadores. La falta de confiabilidad, los apagones, los costos y la lentitud de determinados proyectos justifican una fiscalización rigurosa.
Pero las disputas sobre sus contratos también crean incertidumbre.
Si LUMA dejara de operar el sistema, tendría que determinarse quién asumiría los proyectos que ya se encuentran en diseño, revisión o construcción. Una transición podría obligar a revisar contratos, permisos, responsabilidades y solicitudes de reembolso. Lo mismo ocurriría con Genera y la administración de las plantas generatrices.
Cambiar un operador no es tan sencillo como cancelar un contrato. Una transición improvisada podría interrumpir proyectos ya encaminados y retrasar todavía más el desembolso de fondos federales. Pero mantener operadores que no producen resultados satisfactorios tampoco representa una solución.
El Gobierno enfrenta una decisión complicada: exigir mejores resultados sin provocar una transición administrativa que paralice los trabajos. Estas disputas no son la causa principal del estancamiento, pero ciertamente no ayudan a la reconstrucción del sistema.
Resolver la quiebra podría acelerar la recuperación
Mi análisis es que la medida que más podría acelerar la recuperación eléctrica sería resolver finalmente la quiebra de la AEE.
Un plan de ajuste confirmado establecería con mayor claridad cuánto recibirán los acreedores, qué obligaciones conservará la AEE, de dónde saldrá el dinero para pagar la deuda y cuánto podrá destinarse al mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura.
También podría devolver cierta estabilidad financiera al sistema y facilitar el acceso al capital necesario para adelantar proyectos que posteriormente serían reembolsados con fondos federales.
Resolver la quiebra no eliminaría automáticamente los permisos, las revisiones ambientales o los problemas administrativos. Tampoco garantizaría que todos los proyectos comiencen inmediatamente. Pero permitiría eliminar una de las principales fuentes de incertidumbre que han acompañado la reconstrucción desde 2017.
Actualmente, los bonistas que no han llegado a un acuerdo reclaman cerca de $12,000 millones, incluyendo intereses acumulados. La Junta de Supervisión Fiscal sostiene que la AEE no puede pagar esa cantidad sin imponer una carga insostenible sobre los consumidores y la economía de Puerto Rico.
En marzo de 2026, la jueza Swain rechazó una reclamación de ciertos bonistas que pretendían obtener al menos $3,700 millones como gasto administrativo prioritario. En mayo mantuvo paralizadas otras acciones mediante las cuales los acreedores buscaban solicitar un síndico, protección adicional o la desestimación del caso.
En junio, la Junta ofreció aproximadamente $3,000 millones a los bonistas que todavía no habían llegado a un acuerdo. La propuesta fue rechazada sin una contrapropuesta.
El caso continúa, pero el tiempo tiene un costo.
¿Quién prevalecerá?
El desenlace plantea una pregunta que supera el aspecto financiero: ¿prevalecerán los bonistas y su reclamación de recuperar la mayor cantidad posible de su inversión, o se impondrá la visión de que Puerto Rico necesita reparar primero su sistema eléctrico antes de asumir nuevas cargas por una deuda acumulada durante décadas?
Existe también un argumento de seguridad nacional que Estados Unidos no debería ignorar.
Puerto Rico alberga instalaciones estratégicas, producción farmacéutica, biotecnología y una infraestructura logística importante para Estados Unidos. Además, la nueva política estadounidense de trasladar industrias críticas y cadenas de suministros fuera de Asia podría crear oportunidades para la manufactura avanzada y la producción de semiconductores en la isla.
Pero ninguna de esas posibilidades puede desarrollarse plenamente sobre una red eléctrica inestable.
La reconstrucción del sistema eléctrico puertorriqueño no es solamente un asunto local. Si Estados Unidos considera importante producir medicamentos, componentes tecnológicos y otros bienes esenciales dentro de su propia jurisdicción, entonces la estabilidad energética de Puerto Rico también debe considerarse un asunto económico y de seguridad nacional.
El Gobierno federal tendrá que decidir si la AEE será tratada únicamente como una empresa insolvente cuyos acreedores esperan cobrar o como la propietaria de una infraestructura estratégica que necesita reconstruirse antes de asumir nuevas obligaciones financieras.
Un pueblo convertido en espectador
Al final, el pueblo de Puerto Rico es quien paga las consecuencias, pero tiene muy poca influencia sobre el resultado.
Los ciudadanos no participan directamente en las negociaciones, no deciden cuánto recibirán los bonistas y tampoco controlan el calendario del tribunal o los procesos administrativos de FEMA.
Puerto Rico tampoco tiene representación con voto en el Congreso ni participa en la elección presidencial, aunque muchas de las decisiones fundamentales sobre su sistema eléctrico se toman dentro de estructuras federales.
El pueblo queda reducido, en gran medida, a mero espectador de una disputa entre la Junta de Supervisión Fiscal, los acreedores, el Gobierno de Puerto Rico, las agencias federales y los operadores privados.
Sin embargo, son los ciudadanos quienes sufren los apagones, pierden alimentos y equipos, pagan las tarifas y viven diariamente con las consecuencias de una infraestructura deteriorada.
Conclusión
Puerto Rico no enfrenta una falta de fondos federales. Enfrenta una incapacidad financiera, administrativa e institucional para transformar el dinero asignado en obras terminadas.
La quiebra de la AEE no es la única causa, pero sí uno de los principales obstáculos. Mientras continúe sin resolverse, la corporación propietaria del sistema seguirá sin la estabilidad necesaria para financiar proyectos, mantener reservas y planificar su futuro.
En los próximos meses veremos si los bonistas aceptan una recuperación menor, si la batalla judicial continúa prolongándose o si el Gobierno federal determina que la recuperación energética de Puerto Rico debe tener prioridad por razones económicas y de seguridad nacional.
También está pendiente una cuestión de justicia.
Después de años de deuda, austeridad, apagones y promesas incumplidas, falta saber si finalmente se colocará el bienestar del pueblo de Puerto Rico por encima de los intereses financieros y políticos que han dominado todo este proceso.
Porque mientras los abogados negocian, los bonistas reclaman y los gobiernos discuten, el pueblo continúa esperando que el dinero ya asignado finalmente se convierta en una red eléctrica confiable.
